El cuerpo sin vida de Inmaculada, la teleoperadora fallecida el pasado 13 de junio durante su jornada laboral, permaneció cerca de dos horas en la oficina sin que nadie diera la orden de parar de trabajar. Inmaculada tenía 56 años y llevaba quince en el grupo Konecta, una gran empresa —más de 12.000 empleados— que ofrece servicios de atención al cliente y telemarketing a terceras compañías. Murió de un infarto. Los médicos del Samur trataron de reanimarla después de que se desplomara, pero no lo lograron.
«Cayó al suelo antes de la una de la tarde», explica Miguel Ángel Salinas, delegado de prevención de riesgos laborales de CGT en la empresa, que acudió más tarde al lugar de los hechos. «A la una y cuarto se certificó su muerte. Pero hasta las tres de la tarde no se desalojó la oficina. Los responsables de la campaña deberían haber indicado al resto de trabajadores que se retirasen, pero no lo hicieron. No existió orden de desalojar».
Dos días después del suceso, el sindicato denunció públicamente que los encargados de la oficina dijeron a los trabajadores que siguieran cogiendo llamadas con el cadáver al lado. «El servicio proseguía como si tal cosa», dice el comunicado. Sin embargo, continúa, «alguien repetía insistentemente: somos un servicio esencial». El texto de CGT reproduce mensajes de Whatsapps de trabajadores confusos, como «está tirada en el suelo y nosotros cogiendo llamadas».
El call center en el que murió Inmaculada está en la sexta planta de un enorme edificio de oficinas en el barrio de San Blas, en Madrid. La fallecida atendía llamadas para una compañía eléctrica. «No son llamadas muy amables», continúa Salinas. «Son reclamaciones de personas a las que se ha cortado el suministro». En este tipo de empresas, el teleoperador trabaja conectado a un teléfono por el que le entran llamadas y no tiene opción de desconectar. Por falta de una orden clara y por miedo a represalias, muchos de los trabajadores continuaron con su tarea. Otros simplemente se quedaron en shock.
«Yo lo dejaría en que no se dio la orden de parar de trabajar», añade Álvaro García, portavoz de UGT, sindicato que también ha hecho un comunicado en el que destaca su «malestar e indignación por la lamentable actuación» de la empresa. «Se ha dicho que se obligó a los trabajadores a continuar, pero algunos de ellos han salido después a decir que nadie les obligó».
Los delegados de CGT llegaron a la oficina hacia las dos, unos 45 minutos después de que se certificara la muerte. «Lo que nosotros denunciamos», dice Loreto Márquez, también delegada de CGT y presente en la escena, «es que cuando llegamos y dijimos que había que desalojar la sala, los responsables nos dijeron que era un servicio esencial y que no podían desconectarse. Ahí saltó la indignación. Nos pusimos en contacto con la técnica de prevención de riesgos de la empresa, nos pidió que esperáramos a que ella llegara y ahí, durante aproximadamente una hora, la gente siguió cogiendo llamadas».
A las tres, por fin, la responsable de riesgos laborales de la empresa dio la orden de desalojar. El cuerpo permaneció en la oficina hasta pasadas las cuatro, cuando los servicios funerarios de Madrid acudieron a retirarlo. La policía, dicen los consultados, estuvo presente en todo momento.
El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con Konecta, que no respondió a una solicitud de información De acuerdo a las fuentes consultadas, Konecta ha reconocido el infarto de Inmaculada como accidente laboral. Al día siguiente, envió a los trabajadores un email, «en tono políticamente correcto», según UGT, lamentando lo sucedido. Este lunes, cuando la noticia se ha viralizado en las redes sociales y ha saltado a las televisiones, los empleados de los call centers de la zona —el de Konecta no es el único— admitían no saber mucho más que lo que habían leído en la prensa.
«La pregunta es si los obligaron a seguir cogiendo llamadas. Yo no lo sé, porque trabajo en la competencia, pero por cómo funcionan estas empresas me creo que sí», dice una trabajadora mientras fuma en la puerta del edificio. Nada más estallar el COVID, Konecta fue noticia por no cumplir con las medidas de seguridad en sus centros de trabajo en Madrid. Por su parte, los sindicatos se han reunido para demandar la elaboración de «un protocolo» por si vuelve a darse un caso similar.