La audiencia de control de la prisión preventiva se desarrolló este martes en la sala de audiencia de la Oficina Judicial de Sarmiento. Por el Ministerio Público Fiscal asistieron la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Luciana Coppini. Los jueces designados para el acto judicial se conectaron mediante el sistema de videoconferencia desde Comodoro Rivadavia. También participó el abogado Carlos Cerbino, mientras Raúl Gustavo Calderón (57) se comunicó vía telefónica desde la alcaldía policial.
Al inicio de la audiencia, Sandoval informó que la fiscalía llevó a juicio al detenido en diciembre del año pasado. En esa ocasión, el tribunal colegiado integrado por los jueces Ariel Quiroga (Sarmiento) Luis Daniel María Pintos (Comodoro Rivadavia) y José Luis Ennis (Esquel), lo condenó a una pena de 9 años de prisión.
Asimismo, refirió que esa sentencia fue confirmada en su totalidad por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia. A ello agregó que la defensa de Calderón había presentado un pedido de impugnación que debería ser analizado por el Superior Tribunal de Justicia.
En consecuencia, las representantes de fiscalía consideraron que no se modificaron las circunstancias referidas a los riesgos procesales que fundamentan el dictado de la prisión preventiva. En este sentido, Sandoval señaló que Calderón lleva un año y 18 días bajo esa medida de coerción. Por lo tanto, solicitaron su continuidad hasta que la sentencia quede firme.
Por su parte, el abogado Carlos Cerbino no coincidió con el planteo de la fiscalía respecto a la continuidad de los riesgos procesales en este caso. También sostuvo que la sentencia condenatoria demoraría un plazo de dos a tres años en ser confirmada. Por otra parte, indicó que su asistido atraviesa problemas de salud que requieren la atención de una junta médica. Por ello propuso que se le conceda la posibilidad de permanecer bajo prisión domiciliaria en su vivienda de Sarmiento.
En este marco, el tribunal revisor le solicitó al abogado defensor que presentara los certificados de informes médicos y un informe social sobre la vivienda propuesta. Cerbino explicó que en ese momento no contaba con la documentación requerida por los magistrados.
A su turno, Calderón describió las afecciones de salud que atravesaba y manifestó que el defensor público que intervino en su caso no ejerció una defensa adecuada.
Luego de un cuarto intermedio, los magistrados resolvieron mantener la medida de coerción por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia adquiera el grado de firmeza requerido.
EL CASO
Los investigadores indicaron que el primer hecho de abuso ocurrió durante el mes septiembre de 2020 en una oficina de un centro comunitario ubicado en el barrio Parque 21 de Junio. En ese espacio, Calderón dictaba un taller de danzas folclóricas. En tanto, la víctima asistía en carácter de alumna.
Luego, en octubre de ese mismo año, Calderón agredió nuevamente a la menor de edad. En esa ocasión el ataque se registró en el domicilio de la víctima.
Asimismo, la fiscalía pudo probar ante el tribunal de juicio que en noviembre de 2020 el agresor utilizó su vivienda para atacar por tercera vez a la adolescente.