Agosto de 2021. Campaña electoral. “El Gobierno frenó el aumento de tarifas”, promocionaban los avisos del Frente de Todos como uno de los logros de su gestión, aunque eso no alcanzó para evitar una derrota del oficialismo en ese turno. Dos años después, esa fotografía cambió. El Poder Ejecutivo quitó subsidios y eso implica que más de un tercio de los hogares pague hasta 500% más que un año atrás por sus boletas de luz. Al kirchnerismo “duro” le costó tomar la decisión de “segmentar” las tarifas, pero lo terminó ejecutando.
De alguna manera, se inició cierto camino a la normalización de tarifas (pagar por la energía lo que cuesta), aunque escalonada. De todas formas, siguen siendo las más bajas en dólares de América latina. Y tanto la oposición como el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten que el esquema afecta el resultado fiscal.
La segmentación es un mecanismo para que las boletas de luz y gas sean más elevadas, pero que el oficialismo evite pagar cierto costo social, a partir de una supuesta “equidad” esgrimida por el Poder Ejecutivo. Se estableció que los hogares con determinados niveles de ingresos (hace un año, eran $250.000 mensuales, ahora ese mojón es de $730.000) iban a perder subvenciones al costo de la electricidad y el gas. Para mantenerlas, debían anotarse en un registro de subsidios.
Aunque los hogares pagan más, no les aplicaron un aumento del 500%. Pero si perdieron subvenciones en la energía que consumen. Como la boleta no alcanzaba ni para solventar un 20% del costo real de la electricidad, lo que se hizo fue dejar de subsidiar ese precio y autorizar una recomposición en los márgenes de las distribuidoras, como Edenor y Edesur. Al retirar los descuentos, un tercio de los hogares se encontrará en agosto abonando entre 4 y 5 veces más que en 2022.
Hace un año, los clientes de Edenor y Edesur -las distribuidoras de Buenos Aires- abonaban una fracción de la electricidad que consumían.. Esa política le estaba costando US$ 12.000 millones anuales al Gobierno, y con importaciones de energía récord, ya que tenía que traer gas importado para abastecer las usinas eléctricas. El gas local era insuficiente y eso coincidió con precios energéticos altísimos, por la invasión rusa a Ucrania.
El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, le encargó un esquema de segmentación a Federico Basualdo, ex secretario de Energía Eléctrica, con el que estaba peleado. Pero quien materializó esos planes fue Flavia Royón, a cargo de Energía, con la bendición del ministro de Economía, Sergio Massa, cuando el tigrense llegó a Economía.
El kirchnerismo se convenció de la necesidad de realizar esta tarea -que postergaron en los gobiernos anteriores- ante la evidencia de que no tenía dólares para pagar las importaciones de energía.
Para que la aplicación resulte más digerible, la quita de subsidios se hizo en tres etapas. El último tramo se efectivizó desde junio.
El nuevo esquema estableció tres tipos de clientes: altos ingresos (llamados N1), ingresos medios (llamados N2) y bajos (N3). Los sectores más postergados y vulnerables iban a conservar el grueso de los subsidios, mientras que la “clase media” también mantuvo los beneficios de descuentos, aunque con un límite sobre el consumo (bastante elevado, según los especialistas).
Dado que se encontraron con miles de hogares que querían mantener los subsidios y seguir comprando dólar “ahorro”, el Gobierno los obligó a elegir. Quienes prefirieron el acceso al billete estadounidense, se tuvieron que despedir de los subsidios. Lo mismo pasó con quienes no se anotaron en el registro de subsidios.
En relación a agosto de 2022, los segmentos de altos ingresos pagan un 523% más ahora. Los segmentos de menores ingresos enfrentan tarifas un 65% superiores a las de hace un año y los sectores medios, un 83%. Si se mide en términos reales (es decir descontada la inflación), la recomposición para los hogares mejor posicionados fue del 190%. En cambio, a medida que se desciende en la pirámide social, los estratos desembolsan menos dinero en electricidad que hace un año.
Descontada la inflación real, los segmentos bajos pagan por su luz un 23% menos que hace un año, y los medios un 15% menos.
El objetivo oficial de bajar los subsidios se está cumpliendo, en cierta medida. Va por los US$ 6.500 millones en el primer semestre, pero se estimará que caerá en el segundo, ya que no estará el peso de importaciones de energía, que corren en la primera parte del año. De haber seguido subsidiando a gran escala, y sin discriminar, la cifra hubiera sido más abultada.
Aunque el Gobierno manifiesta que los hogares de altos ingresos ya no reciben subsidios, un trabajo de la consultora Economía y Energía -la consultora encabezada por Nicolás Arceo- muestra que los clientes de esa categoría pagan US$ 104 (por MWh, una medida del sector), con una subvención de US$ 26.
En 2019, al fin del Gobierno de Macri, el subsidio era de US$ 30 y lo que pagaban los usuarios, US$ 81, según el mismo estudio. En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia, los hogares pagaban US$ 14 y las subvenciones eran de US$ 61.
Las facturas de los clientes de ingresos bajos no cubren ni un 14% de los costos, mientras que sectores medios rozan el 18%. Comercios e industrias si están pagando algo más parecido al costo de la energía que consumen. En ese sentido, Massa parece haber logrado ejecutar un ajuste sin la reacción negativa que afrontó Macri cuando realizó esa tarea.