Victoria Villarruel buscaba evitar un escenario de doble derrota en el Senado y pretendía convocar para este miércoles a una sesión sólo para darle al Gobierno la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP). Sin embargo, el kirchnerismo en tándem con el radicalismo quieren incluir en el temario la derogación del DNU que otorga fondos millonarios a la nueva SIDE al tiempo que buscan convertir en ley el aumento del financiamiento universitario, que Javier Milei prometió vetar como lo hizo con la movilidad jubilatoria.
El escenario en la Cámara alta es de máxima tensión e incertidumbre y la falta de acuerdo entre las las distintas fuerzas obligó a postergar la reunión de labor parlamentaria que estaba prevista para este martes, la que fue reprogramada para mañana miércoles a las 10 con la intención de definir el temario de la sesión, prevista para las 14. En principio, la oposición anunció que se van a incluir los tres temas.
Los libertarios pretendían celebrar una sesión el miércoles para tratar solamente la propuesta de BUP, que tiene media sanción de Diputados pero que deberá volver a esa cámara con modificaciones para ser ratificada o imponer la versión original. Pero el oficialismo no pudo resistir las presiones de la oposición que se aglutinó para avanzar con la derogación del DNU de la SIDE y el proyecto de financiamiento universitario, que este martes obtuvo despacho del plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto.
José Mayans y Anabel Fernández Sagasti en el recinto del Senado. Foto: Mariana Nedelcu.El panorama es complejo para la Casa Rosada porque si bien pide con urgencia el tratamiento de la BUP aún estaba ajustado en los números para la aprobación con 37 votos, entre propios, aliados y dialoguistas. Es que los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, al igual que en el tratamiento de la Ley Bases, mantienen en reserva su voto y no está asegurada la mayoría absoluta que requiere el proyecto por tratarse de una reforma electoral.
Por lo pronto, el Gobierno se aseguró el acompañamiento de la rionegrina Mónica Silva luego de que se comprometiera a eliminar el casillero de boleta completa, modificación que era resistida tanto por radicales como por La Libertad Avanza, que entienden que un buen candidato en la cabeza de la lista puede arrastrar al resto de la papeleta.
Sin embargo, la senadora que responde al gobernador Alberto Weretilneck advirtió que votará en contra si no se cumple el acuerdo. Es que la eliminación del casillero de boleta completa es clave para los partidos provinciales que van con boleta corta porque no presentan candidatos a presidente y vice pero sí para legisladores nacionales.
También hubo acuerdo en optar por el modelo que se aplica en Mendoza y que tuvo amplía aceptación por la distribución de los cargos sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales. Además, la reforma impulsa una ampliación de los períodos de campaña de 50 a 60 días, mientras que la presentación de las listas pasará de 50 a 70 días antes de las PASO. En tanto, la conformación de alianzas se llevará de 60 a 80 días antes de las elecciones.
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Foto: Mariana Nedelcu.
Amenaza de otras dos derrotas
Sin embargo, el kirchnerismo y los radicales aseguran tener los votos para voltear el DNU de la SIDE, que aún no empezó a ser tratado por la bicameral de Inteligencia, y convertir en ley el proyecto que aumento del financiamiento universitario.
Sobre el decreto presidencial que fue rechazado hace 15 días por Diputados, no existen dudas que están los votos. Entre Unión por la Patria y la UCR tienen 46 votos. Si se suma al formoseño Francisco Paoltroni, recientemente expulsado de La Libertad Avanza por hacer campaña contra la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, y la larretista Guadalupe Tagliaferri llegaría a los dos tercios.
Francisco Paoltroni, recientemente expulsado del bloque liberatario, criticó los fondos reservados de la SIDE. Foto: Mariana Nedelcu.Mientras el pleno del Senado deroga el decreto presidencial, la comisión bicameral de Inteligencia comenzó a recibir las preguntas de los diputados y senadores para el titular de la Secretaría de Inteligencia, Sergio Neiffert, sobre el plan del Gobierno.
En tanto, el plenario del Senado cumplió con el trámite de sacar despacho de la ley de financiamiento universitario. En la reunión, Eduardo «Wado» de Pedro, presidente de la comisión de Educación destacó la necesidad de «recomponer el presupuesto» de las universidades al tiempo que resaltó que «el 80% de los docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza». «Este es un rescate urgente para garantizar un funcionamiento mínimo», agregó.
Por su parte, el libertario Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto, respondió que desde el Gobierno entienden que «es razonable que el salario de todos los docentes y los presupuestos sean adecuados», pero aclaró que también tienen la misión de «cuidar los bolsillos de los argentinos».
Desde el radicalismo, Martín Lousteau salió a cruzarlo al advertir que si al Gobierno le preocupara la educación «no se hubiera comido dos meses de más alta inflación», que llevó a que los docentes «perdieran 20% del poder adquisitivo respecto del resto de los trabajadores». Acusó a la Casa Rosada de actuar con «un doble estándar» al rechazar un aumento del presupuesto universitario y otorgar más de $ 100 mil millones a la SIDE.
Flavio Fama, también de la UCR, señaló que el proyecto «no hace hincapié sobre la obra pública que está suspendida» y señalo que la propuesta «va a durar hasta el 31 de diciembre» porque durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto se va a dar la discusión sobre lo que se quiere hacer con la educación pública.
De acuerdo a lo informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa tiene para este año un costo fiscal de 0,14 % del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos. La iniciativa pone en peligro el objetivo de garantizar el equilibrio, por eso, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la ley como lo hizo con la reforma de movilidad jubilatoria.