Lo confirmó, en diálogo con Radio Chubut, el fiscal de la ciudad petrolera Martín Cárcamo, quien realizó la imputación en la audiencia de apertura de investigación que se realizó ayer.
La figura por la que a la fiscalía se le otorgaron 6 meses para llevar el caso a juicio oral, es por el delito de estafa.
La maniobra consistía en requerir a los demandantes de viviendas un monto de 100.000 pesos para tramitar la entrega de una unidad habitacional con gestiones ante el IPV y la constitución de una cooperativa.
La principal imputada es hermana del diputado provincial Gustavo Fita, actual presidente del Partido Justicialista del Chubut, quien era funcionario municipal cuando se produjeron los hechos que se investigan, explicó Cárcamo.
En rigor, la causa no tiene ningún elemento que vincule al político con su hermana en el accionar delictivo, aunque evidente utilizó la portación de apellido como ardid para consumar una «influencia mentida».
La estafa tuvo como víctimas a por lo menos 594 damnificados, por lo que se calcula que el monto recaudado de manera fraudulenta ronda los 60 millones de pesos a valores del 2023.
Además de Vanesa Fita fueron imputadas como autoras del delito de estafa simulada sus cómplices Lucía Miranda, Gisel Mansilla, María Curán y Camila Páez.
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