La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCh) emitió un duro comunicado tras conocerse el dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que desestimó la denuncia penal presentada contra los ministros y ministras del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en la que se cuestionaban medidas tomadas en su exclusivo beneficio.
Desde la AMFJCh calificaron de “arbitrario e ilegal” el dictamen firmado por los fiscales Lucas Papini, Lucas Kolstch e Ivana Berazategui y anunciaron que recurrirán a todas las instancias que la ley les confiere, incluso internacionales, para revertir la resolución.
En su declaración, la Asociación denunció que no fueron notificados por el MPF sobre la integración del equipo fiscal que evaluaría la denuncia, lo que impidió que pudieran ejercer su derecho a recusar a quienes consideraban imparciales. En particular, señalaron la intervención del fiscal Lucas Papini, quien –según remarcaron– “debió excusarse” por su relación de amistad pública y notoria con uno de los ministros denunciados, Andrés Giacomone.
Además, recordaron que Papini fue objetado en su momento por no reunir la cantidad de años de matrícula necesarios para el cargo y que admitió en una audiencia ante el Consejo de la Magistratura que se encontraba en una situación similar a la que ahora investiga.
La AMFJCh también advirtió sobre la celeridad “inédita” con que fue tratado el expediente en comparación con denuncias presentadas por cualquier ciudadano y denunció la ausencia de una investigación real sobre los hechos denunciados, lo cual –señalaron– contradice el principio de objetividad que debería regir al Ministerio Público Fiscal.
En ese sentido, cuestionaron que los fiscales legitimaron acciones irregulares, como el pago de sobresueldos a partir de una partida de “fondos reservados”, sin verificar siquiera si los montos previstos en el presupuesto judicial para 2025 alcanzaban para cubrirlos.
Denuncia por abuso de poder y falta de transparencia
Para la AMFJCh, el problema de fondo no es solo el abuso de poder de los ministros del STJ, sino también el encubrimiento deliberado por parte de los fiscales intervinientes. Enumeraron prácticas que consideran ilegales e incompatibles con los tratados internacionales contra la corrupción: otorgamiento de adicionales de sueldo de hasta un 60%, pasajes aéreos y viáticos diferenciados, uso de autos oficiales de alta gama, designaciones de familiares y amigos en cargos jerárquicos sin concurso, y ocultamiento de información pública.
Finalmente, la Asociación sostuvo que el dictamen fiscal cuestionado confirma que “sin independencia judicial no hay justicia” y que la impunidad del poder “repugna a toda la ciudadanía”, por lo que reafirmaron su compromiso de seguir reclamando por una Justicia imparcial y transparente en Chubut.