La organización ecologista Greenpeace manifestó su preocupación por el Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que incluye el espionaje a organizaciones y activistas ambientales quienes además fueron agredidos en redes sociales por actores vinculados a Javier Milei.
Así mismo, la vigilancia alcanzará tanto al activismo ambientalista como a los pueblos originarios, así como a quienes tengan capacidad de incidencia política, puedan obstruir proyectos extractivos o promuevan energías renovables y temas relacionados con el cambio climático.
La organización calificó la medida como un espionaje ilegal, ya denunciado ante la Justicia por organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. Afirmó: “Denunciamos las agresiones en redes sociales hacia Greenpeace, otras organizaciones ecologistas e integrantes de las mismas y activistas, por parte de funcionarios o seguidores del gobierno. La libertad de expresión limita ideas que puedan cuestionar o sean contrarias a las políticas estatales“.
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A la par, destacó que las manifestaciones públicas son “herramientas para visibilizar reclamos e interpelar a las autoridades” y advirtió que cuando se amenaza o reprime esta libertad, “la calidad de la democracia se ve afectada en su práctica diaria”. Por ello, el ejercicio de la protesta pacífica es un derecho que el Estado debe garantizar. Al revisar los documentos difundidos por LA NACION, se había confirmado que el plan busca monitorear a “actores de interés” y “actores no estatales” y a quienes puedan influir en la opinión pública con ideas contrarias al gobierno.
De esta manera, la situación generó preocupación entre representantes del sector, quienes calificaron de “escalofriante” la decisión oficial. Aquel jueves, avanzaron con la presentación de una denuncia penal por abuso de autoridad contra el director del organismo, Sergio Neiffert, y su director general de Operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
El Plan de Inteligencia Nacional 2025 incluye seguimiento a activistas y grupos sociales
En octubre del año pasado, se realizó una reunión secreta entre la cúpula de la agencia de inteligencia y los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Allí, diputados y senadores cuestionaron la ambigüedad y los riesgos del Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN).
Se transformó lo que era solo un documento en una realidad a fines de enero, cuando una directiva secreta firmada por Diego Kravetz, abogado especializado en derecho ambiental, ordenó “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pudiera “aprovechar la polarización política”. Aunque no se especificaron los grupos, el alcance incluye sectores con capacidad de obstruir proyectos o incidir en políticas.
La revista Crisis difundió una investigación con fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional que revelan objetivos concretos, en su mayoría vinculados al activismo ambientalista, luego de que el Gobierno negara en varias ocasiones lo publicado en los medios. A partir del documento, uno de los lineamientos estratégicos se enfoca en organizaciones ecologistas y en actores capaces de frenar la exploración y explotación de recursos naturales.
A partir del documento, se prevé el seguimiento a quienes defiendan patrimonios culturales o sagrados para comunidades locales si eso implica frenar proyectos productivos. De forma general, no especifica qué recursos estratégicos contempla, aunque menciona el sector energético, la petroquímica, la producción agropecuaria y minerales como cobre, aluminio y acero.
De igual manera, apunta a minerales y tecnologías de la transición energética, así como a mercados y políticas de economías bajas en carbono. Además, plantea recopilar información sobre procesos climáticos –como tormentas, sequías y olas de calor– y sobre contaminación que afecte la producción, la vida o el patrimonio.
Sergio Neiffert: secretos y negocios del espía libertario
Posteriormente, Sergio Neiffert volvió a reunirse con la Comisión Bicameral, presidida por Martín Lousteau y con Leopoldo Moreau como vicepresidente. Allí negó que la agencia tenga previsto espiar a organizaciones de la sociedad civil y se comprometió a revisar el PIN de acuerdo con las sugerencias legislativas.
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