El Gobierno nacional oficializó este miércoles el veto total a la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei a través del Decreto 647/2025, implica un rechazo completo a una norma que había sido aprobada en el Congreso el pasado 21 de agosto y que contaba con fuerte respaldo de la oposición y del sistema universitario.
El texto legislativo planteaba una serie de medidas para consolidar el financiamiento de la universidad pública en todo el país. Entre sus ejes centrales, establecía que el Poder Ejecutivo debía garantizar la protección y sostenimiento de los recursos destinados a la educación superior, con partidas específicas para fortalecer la permanencia de los estudiantes, la formación docente, la investigación y la infraestructura.
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La norma también incluía un esquema de actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades, tomando como referencia la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esa manera, a partir del 1° de enero de 2025, los presupuestos de las casas de altos estudios debían ajustarse según la inflación registrada entre mayo y diciembre de 2024.
Foto: Ilustrativa
Otro punto clave era la recomposición salarial de los docentes y no docentes universitarios. El proyecto destinaba fondos adicionales para asegurar mejoras en las condiciones laborales, incrementar becas estudiantiles, ampliar la oferta académica y fomentar la internacionalización de la enseñanza. Además, buscaba consolidar la función de extensión universitaria y la provisión de equipamiento e infraestructura.
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Con el veto presidencial, todos esos lineamientos quedaron sin efecto. Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a la necesidad de “preservar el control sobre el gasto público” y evitar lo que consideran una “intromisión del Congreso en las facultades propias del Poder Ejecutivo” para administrar los recursos del Estado.
Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con el sistema universitario, que desde hace meses reclama mayores fondos frente al impacto de la inflación y la caída de los salarios. El rechazo también genera tensión política, ya que la oposición había impulsado la ley como una respuesta concreta a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.
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Rectores, gremios docentes y organizaciones estudiantiles ya habían advertido sobre la necesidad de contar con un marco legal que garantizara la previsibilidad de los recursos. Para ellos, el veto presidencial representa un retroceso que agrava la incertidumbre sobre el futuro de la educación superior.
En paralelo, desde sectores opositores en el Congreso adelantaron que buscarán insistir con la ley en una nueva votación, aunque para ello deberán reunir las mayorías especiales que exige la Constitución para revertir un veto presidencial.