Frente al reclamo sindical que podría frenar el proceso de adjudicación del nuevo contrato de transporte en Comodoro Rivadavia, el subsecretario municipal del área, Adrián Rodríguez, explicó los alcances de los planteos sindicales y confió en que se puedan resolver por vía administrativa. “Si se abre el amparo, retrocederíamos 2 meses”, advirtió.
Mientras continúa el trabajo de la comisión adjudicadora, el municipio enfrenta dos vías de reclamo por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de esta ciudad. Por un lado, el gremio presentó un recurso de amparo en el que advierte que el pliego licitatorio no respeta los 15 minutos de descanso mínimo que deben tener los choferes entre cada recorrido.
A través de la Asesoría Letrada, el municipio ya respondió ante la cámara judicial interviniente cuáles son los perjuicios que provocaría al interés público una apertura del trámite judicial, que, de hacer caso al planteo sindical, debería iniciar con una medida de no innovar, dejando en suspenso todo el proceso de adjudicación actualmente en marcha.
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Amparo judicial: los 15 minutos de descanso
El segundo planteo de la UTA busca garantizar la continuidad laboral de 350 trabajadores
ADNSUR
En diálogo con Actualidad 2.0, el subsecretario de Transportes Adrán Rodríguez precisó que el amparo se centra en la diferencia entre los 15 minutos de descanso que establece la ley y los 5 minutos contemplados en el pliego de licitación.
“El gremio pidió que la Cámara frene el proceso de licitación hasta que se resuelva este punto. Si la justicia hace lugar, habrá que rectificar el pliego o incluso reiniciar todo, con la corrección del pliego y el envío al Concejo para su aprobación, lo que podría significar una dilación de uno o dos meses, porque volvería todo a fojas cero”, indicó.
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El funcionario subrayó que los derechos laborales adquiridos no pueden ser vulnerados, y aseguró que, independientemente de si continúa la actual empresa concesionaria o asume una nueva, los tiempos de descanso deberán respetarse desde el primer día de servicio.
En todo caso, precisó, esto podría resolverse en forma administrativa, sin necesidad de demorar el proceso por los tiempos que podría llevar un proceso judicial.
“Desde que se ponga en marcha el nuevo contrato, ya sea que haya un nuevo concesionario o siga la misma empresa, o se divida la concesión en dos, todos los derechos laborales serán respetados y no hay forma de vulnerar esto”, enfatizó.
Reclamo administrativo: continuidad de 350 empleos
El segundo planteo de la UTA busca garantizar la continuidad laboral de 350 trabajadores, entre choferes, mecánicos y personal administrativo. Rodríguez aclaró que el pliego no obliga a la nueva empresa a incorporar la totalidad del personal, aunque resaltó que, dado que la cantidad de unidades será la misma, la necesidad de choferes debería mantenerse.
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“Es muy difícil que una firma pueda conseguir de cero 300 choferes. En un altísimo porcentaje los trabajadores seguirán, pero no puedo garantizar que todos estén en las mismas condiciones que hoy. Allí el municipio tendrá que intervenir para evitar un conflicto social”, explicó.
Además, recordó que los trabajadores deberán pasar exámenes preocupacionales, y que algunos casos en que fueron reubicados, por motivos de salud, podrían no ser cubiertos por la eventual nueva concesionaria, si no están en condiciones de trabajar como choferes y si no hay tareas pasivas para asignarles, generando potenciales puntos de conflicto.