El Gobierno Nacional finalizó el borrador del decreto que establece la nueva estructura, facultades y alcances de la Agencia Nacional de Migraciones.
La medida forma parte del paquete de reorganización del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo y está orientada a otorgar al organismo un rol más activo en procedimientos vinculados al control migratorio y la expulsión de personas con antecedentes, irregularidades o alertas vigentes.
El documento, que según trascendió será publicado en los próximos días, delimita una serie de modificaciones que buscan reconfigurar la capacidad de intervención del organismo. La propuesta incluye un rediseño administrativo y funcional, con el objetivo de pasar de un esquema predominantemente registral a uno con herramientas operativas directas en coordinación con el sistema de seguridad.
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Fuentes oficiales mencionaron que el propósito central es fortalecer las capacidades de la Agencia en tareas vinculadas con la gestión de ingresos y egresos del país, además de acelerar procedimientos administrativos que derivan en expulsiones. Con ese fin, el decreto establece un marco organizativo que habilita nuevas áreas, una redistribución de funciones y la incorporación de protocolos de actuación propios.
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Uno de los ejes de la reforma es la denominada “capacidad operativa”, que permitirá al organismo actuar sin depender exclusivamente de otras fuerzas para ejecutar determinadas diligencias. Aunque desde el Gobierno aclararon que la modificación no implica la creación de una nueva fuerza federal, el esquema previsto contempla otorgar a Migraciones mayores atribuciones para acompañar y ejecutar medidas vinculadas a la salida obligatoria del país de personas con antecedentes penales, irregularidades documentarias o restricciones vigentes.
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El periodista Ignacio Salerno adelantó que la intención oficial es adaptar el funcionamiento del organismo a la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo. En ese marco, la reforma propone acelerar los procesos internos vinculados a la revisión de documentación, el rechazo de ingresos y la aplicación de medidas de expulsión. La iniciativa busca reducir tiempos administrativos y establecer circuitos más ágiles de intercambio de información con otras dependencias del Estado.
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El decreto también prevé una reorganización interna que definirá nuevas áreas técnicas, unidades de análisis y espacios de coordinación operativa. Ese esquema apunta a fortalecer la capacidad del organismo para recopilar antecedentes, verificar alertas vigentes, cruzar bases de datos nacionales e internacionales y evaluar cada caso bajo los parámetros de la normativa migratoria.
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La reformulación de la Agencia forma parte de un conjunto más amplio de medidas que incluyen cambios en organismos vinculados con seguridad, fiscalización y control del Estado. El Gobierno sostiene que la actualización de la estructura permitirá una respuesta más eficaz frente a situaciones complejas en frontera y mejorará los tiempos de actuación ante expedientes que requieran expulsiones administrativas.