La familia de Valeria Schwab pidió al Superior Tribunal de Chubut celeridad en la investigación y en los plazos de la pericia genética

El abogado que representa a la familia de Valeria Shwab, la mujer víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia el pasado 13 de enero, pidió formalmente al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que ordene medidas que den celeridad a la investigación del grave hecho ocurrido en la ciudad.

Al describir el estado actual de la causa, el abogado Mauro Fontañez señala que “se encuentra en plena investigación preliminar, sin que a la fecha se hayan dispuesto allanamientos ni medidas jurisdiccionales por parte del juez natural, encontrándose la totalidad de las actuaciones bajo la órbita exclusiva del Ministerio Público Fiscal”.

La nota, remitida a la ministra del Superior Tribunal Camila Banfi, con copia al procurador General de Chubut (jefe de los fiscales), Jorge Miquelarena, cuestiona especialmente los plazos que se manejan para obtener resultados concretos sobre las pericias realizadas.

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“La pericia genética es fundamental para cotejar con el perfil del principal sospechoso (fallecido)”

“Se han colectado muestras biológicas relevantes (hisopados), cuya pericia genética resulta determinante para el avance de la investigación”, sostiene el abogado Fontañez. Sin embargo, como los laboratorios del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Puerto Madryn estaban cerrados durante la feria judicial, se solicitó colaboración al Ministerio Público Fiscal de  Río Negro, “informándose que la pericia comenzaría en fecha inmediata, aunque con un plazo de finalización incierto. Tal es así que, tratándose de un hecho de extrema gravedad institucional, resulta excesivo y potencialmente lesivo del derecho a la verdad y a una investigación eficaz”, cuestiona el letrado.

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Entre sus argumentos, el abogado añade que el procesamiento inmediato de las muestras resulta indispensable para determinar si las mismas contienen ADN humano utilizable; establecer la existencia de uno o más perfiles genéticos y, particularmente, si se trata de ADN masculino. 

Según expone el abogado, en caso de encontrarse el material genético buscado, podría cotejarse con el perfil del principal sospechoso (fallecido), como también “con los perfiles de otras personas en situación de calle que nos pueden conducir a posibles autores y/o partícipes y con el Registro Provincial de Perfiles Genéticos (ley XV nº 36).

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“Sin la pronta realización de esta pericia, la investigación permanece condicionada, postergándose decisiones fundamentales y comprometiendo seriamente su eficacia”, afirma el abogado de la familia de  Valeria.

Tras hacer referencia a tratados internacionales a los que ha adherido el país a través de la Constitución Nacional para dar celeridad a la investigación, añade que “la demora injustificada en la producción de una prueba científica esencial, objetiva e irrepetible, como es la pericia genética, impacta directamente en la calidad de la investigación, en los derechos de las víctimas y en la confianza pública en el sistema de justicia”.

Sobre esa base argumental y aclarando que no pretende interferir en la línea de investigación de los fiscales, el abogado requiere la intervención del Superior Tribunal de Justicia, “con carácter urgente ante los organismos técnicos correspondientes a fin de priorizar el procesamiento de las muestras de  ADN, reduciendo al mínimo indispensable los plazos informados”.

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Por ello, solicita que se adopten “las medidas administrativas, de coordinación o supervisión que resulten necesarias para asegurar una respuesta acorde a la gravedad del caso”.

La nota, a la que tuvo acceso ADNSUR, lleva además de la firma del abogado, la rúbrica de Jéssica Schwab, hermana de la víctima del impactante hecho ocurrido en la ciudad, por el que este viernes habrá una nueva marcha por pedido de justicia.

La respuesta del fiscal Olazábal: “se investiga con celeridad, pero se deben evitar errores”

En una respuesta oficial dirigida al Dr. Mauro Fonteñez, el Fiscal Jefe de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad, Cristian  Olazábal, brindó precisiones sobre el estado de la investigación del Caso Nro. 149.784.  

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El Fiscal Jefe destacó que la investigación, que se encuentra bajo la dirección de la Dra. María Laura Blanco, se aborda bajo los estándares internacionales exigidos para crímenes cometidos contra mujeres en contextos de violencia de género. En su respuesta, Olazábal subrayó que el Estado tiene la obligación de aplicar una “debida diligencia reforzada”, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según el fiscal, este deber implica que la investigación penal debe ser realizada por personal capacitado y con una perspectiva que evite fallas que impidan procesar y castigar a los responsables. Asimismo, reafirmó la importancia del deber de celeridad, dada la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas en estos contextos.

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“La demora responde a patrones científicos”

Uno de los puntos centrales del requerimiento de Fonteñez versaba sobre los plazos de las medidas probatorias. Al respecto, Olazábal informó que ya se han dispuesto todas las medidas “urgentes, pertinentes, útiles y relevantes” para el esclarecimiento del hecho.

Entre estas medidas se destaca la Pericia Genética , el Fiscal Jefe aclaró que, si bien la pericia comenzó a ejecutarse en la fecha de la nota, no es posible determinar una fecha exacta de finalización.

Olazábal explicó que la demora o celeridad de estos resultados responden estrictamente a “patrones específicamente científicos” que escapan a la intervención humana, tales como la calidad de las muestras, la necesidad de amplificar marcadores genéticos y la complejidad de obtener perfiles para su comparación biológica.,.

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Compromiso de notificación inmediata

Pese a la incertidumbre técnica sobre los tiempos del laboratorio, la fiscalía aseguró que, una vez que se obtengan resultados —incluso de carácter preliminar—, estos serán informados de manera inmediata a las partes, en cumplimiento con los derechos consagrados en la Constitución de Chubut y el Código Procesal Penal de la provincia.

Con esta respuesta, el Ministerio Público Fiscal busca dar transparencia al proceso y asegurar a la querella que la causa avance conforme a los protocolos de protección de derechos humanos vigentes.