A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios brindó precisiones técnicas sobre la reciente transferencia de fondos informada por la Casa Rosada. El anuncio oficial, que promocionó un desembolso superior a los 100.000 millones de pesos para asociaciones de todo el país, generó la necesidad de una aclaración por parte de los servidores públicos, quienes explicaron que estos recursos forman parte del financiamiento legal obligatorio y no de una partida excepcional para la contingencia actual.
La aclaración llega en un momento de alta sensibilidad, con la emergencia ígnea afectando diversos puntos de la Patagonia. La Federación valoró la llegada de los recursos, pero subrayó que el sistema requiere que los giros se realicen bajo parámetros de normalidad. “Insistimos en la importancia de que los cobros y pagos del financiamiento legal se realicen con previsibilidad y normalidad, para que los cuarteles puedan planificar y sostener sus servicios esenciales sin inconvenientes”, señalaron desde la entidad que nuclea a los cuerpos activos de la provincia.
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Sobre el origen de estos montos, el organismo explicó que los recursos transferidos encuentran su sustento en la Ley Nacional N.° 25.054. Esta normativa, que rige el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde el año 1998, establece un esquema de financiamiento autónomo. “Los recursos no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan la Patagonia, sino que corresponden al cumplimiento de la ley”, detallaron de forma contundente para evitar interpretaciones erróneas sobre el carácter del dinero recibido.
El esquema de financiamiento y el origen de los recursos
Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios
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Para comprender el funcionamiento del sistema, es necesario desglosar de dónde proviene el dinero que el Estado Nacional administra y luego distribuye. La ley vigente dispone que un porcentaje de las primas de seguros —específicamente el 5% de los seguros de automotores y viviendas— tiene como destino específico el financiamiento de los cuarteles. En términos prácticos, es la propia ciudadanía la que sostiene el sistema a través de sus pólizas, actuando el Estado únicamente como administrador y agente de reparto.
“Ese dinero es aportado por la población a través del pago de sus seguros, y el Estado Nacional lo administra y distribuye entre los cuarteles y asociaciones que cumplen con los requisitos administrativos previstos por la normativa”, aclararon desde la Federación. Esta distinción es fundamental para el sector, ya que quita el carácter de “subsidio discrecional” a la transferencia y la posiciona como una obligación administrativa del Poder Ejecutivo Nacional hacia los bomberos de todo el territorio argentino.
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El retraso en la llegada de estos fondos fue uno de los puntos de mayor preocupación durante el año pasado. Según la información técnica brindada, lo que se está abonando en la actualidad incluye deudas del ejercicio 2025. Durante ese período, no se efectuó la totalidad de los giros previstos por la ley, lo que generó un bache financiero en muchas asociaciones. Además de ese remanente, el monto anunciado contempla también la primera cuota correspondiente al ejercicio 2026.
Distribución equitativa y destino del dinero
Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios
La distribución de estos fondos se rige por un criterio de equidad establecido por la normativa nacional, lo que significa que el monto total se reparte en partes iguales entre las asociaciones que mantienen su documentación al día. Con más de 1.000 cuarteles habilitados en todo el país, el cálculo arroja una cifra aproximada de 95 millones de pesos para cada institución.
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Esta modalidad de reparto igualitario implica que cuarteles con realidades operativas muy diversas reciben el mismo aporte inicial. “La Ley Nacional establece que los fondos se distribuyen en los mismos términos para todos los cuarteles, sin distinción por tamaño o ubicación geográfica. Por eso, cuarteles de localidades como Esquel, Trevelin, Gualjaina o El Hoyo reciben montos equivalentes”, explicaron las autoridades bomberiles. Este dinero tiene destinos específicos y auditables: la compra de equipamiento autónomo, renovación de indumentaria ignífuga, mantenimiento mecánico de las unidades, materiales operativos de última tecnología y programas de capacitación para el personal.
Tradicionalmente, el cronograma de pagos se divide en dos etapas centrales: una que ocurre entre los meses de marzo y abril, y otra que se ejecuta entre agosto y octubre. Sin embargo, el incumplimiento de los plazos en 2025 alteró la planificación de los cuarteles, que debieron enfrentar gran parte del año con recursos limitados mientras la inflación encarecía los insumos importados, los cuales cotizan mayoritariamente en dólares.
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Un sistema que depende de la transparencia
La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios cerró su exposición remarcando que, ante la difusión de cifras globales por parte de distintos medios de comunicación y canales oficiales, era sumamente necesario clarificar la naturaleza del desembolso. Su objetivo fue que la sociedad comprenda que la operatividad de los bomberos no depende de una decisión política momentánea frente a una tragedia o un incendio de magnitud, sino de una estructura legal que debe cumplirse de manera ininterrumpida.
“Es fundamental clarificar que no se trata de un fondo extraordinario o de emergencia específicamente aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberil”, concluyó el comunicado. En un contexto donde la sequía y las altas temperaturas mantienen en alerta a toda la Comarca Andina, la regularización de estos fondos representa un alivio, aunque los brigadistas insisten en que la normalización definitiva de los pagos es la única vía para garantizar una respuesta eficiente ante las catástrofes.
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Con este panorama, las asociaciones locales esperan que el flujo de fondos se mantenga constante durante el resto del 2026, evitando los atrasos que marcaron la gestión del año anterior y permitiendo que cada cuartel pueda renovar sus herramientas de trabajo antes de que finalice la temporada crítica de incendios forestales.