Por mandato del Presidente de la Nación, Javier Milei, desde el Ministerio de Justicia de la Nación y junto con el Ministerio de Seguridad elaboramos y presentamos un proyecto integral de reforma del Código Penal. A tal efecto, se tuvo en consideración un primer proyecto elaborado por una distinguida comisión de juristas presidida por el destacado profesor Jorge Buompadre y secundada por los doctores Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Basílico y otros profesionales del derecho penal.
El objetivo: dejar atrás una normativa cuyo núcleo central data de 1921, atravesada por más de mil reformas parciales acumuladas en un siglo, para dar paso a un texto unificado, moderno y adaptado a los problemas de hoy.
Un código pensado para la gente, la época y para cumplir con los reclamos de justicia de la sociedad.
La reforma está pensada para la sociedad y las víctimas. Busca responder sus demandas frente al delito y garantizar un sistema de justicia penal más ágil, justo y efectivo. Para ello incorpora la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales superiores del país, la doctrina penal mayoritaria, y se nutre de la experiencia comparada de legislaciones como la de España y Estados Unidos.
Entre sus principales innovaciones se destacan:
Respuesta a los problemas que más preocupan
El proyecto aumenta las penas frente a delitos graves como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, corrupción y narcotráfico. También contempla figuras que reflejan fenómenos de alto impacto social:
Un Código Penal innovador y de futuro
La reforma no se limita a actualizar leyes antiguas: propone, manteniendo las bases, una verdadera transformación del sistema penal. En un contexto atravesado por avances tecnológicos, nuevas formas de criminalidad y mayores exigencias sociales, el proyecto incorpora herramientas impensadas hace un siglo.
Entre las más relevantes:
El mensaje es claro: la ley está vigente, los delitos tienen consecuencias y la sociedad contará con un Código Penal acorde a la gravedad de las circunstancias y lo complejo de los desafíos.
Junto con la implementación del sistema procesal acusatorio en el orden federal, que ya establecimos en 14 provincias, se tendrá una justicia más eficiente, transparente y rápida.
Amplio consenso y participación
La elaboración del proyecto involucró a juristas de trayectoria nacional e internacional, jueces, fiscales, defensores, organizaciones sociales, entidades de víctimas, asociaciones civiles, instituciones religiosas, actores del sector agropecuario y especialistas en derechos de los animales.
La premisa que lo guía es simple y contundente. Como sostiene el Presidente Javier Milei: “el que las hace, las paga”. Con ese espíritu, la reforma reafirma la vigencia de la ley y garantiza que las conductas punibles tengan una respuesta efectiva. Tolerancia cero. Se terminó la impunidad.
En definitiva, no se trata solo de una actualización técnica: es un proyecto de país más seguro, más justo y mejor preparado para los desafíos del presente y del futuro.
(*) El autor es Ministro de Justicia de la Nación