El gobierno y la oposición amigable, de contra frente y al amparo del receso invernal, se alistaron para la nueva batalla que ocupará la segunda mitad del año. El gobierno avisó que usará la reforma electoral como bandera comunicacional para renovar sus ataques a la corporación política. El lema será un paquete de «proyectos anti casta» que le adelantó a los bloques dialoguistas de Diputados.
El superjueves que protagonizaron la cúpula gobierno y los caciques legislativos que tienen aún una posición amigable con el gobierno interrumpió el descanso invernal con un entusiasmo que refleja el grado de agresividad con el que emprenderán esa agenda.
Estos opositores ya avisaron que rechazan la eliminación de las PASO y aceptan maquillajes como designar a los legisladores del Parlasur entre los diputados y senadores con mandato popular, pero sin elección directa. Como en otros frentes, es la misma política que tuvo ante los organismos de integración el gobierno de Cambiemos (2015-2019).
Aquella gestión consideró que el Parlasur era una cueva de populistas y refugio de kirchneristas perdidosos para quienes no tenían ninguna política, salvo eludirlos. Tampoco la tiene este gobierno, salvo desalentar la participación. El oficialismo de hoy, como el de 2015, cree que es una viveza táctica, pero es una demostración de falta de política exterior hacia a una región donde la Argentina es, quiera admitirlo o no, es árbitro.
La zoncera de seguir las encuestas
Estas ofertas del gobierno como eliminar las PASO y licuar el Parlasur responden al resultado de encuestas que manifiestan el rechazo del público a esas instituciones por caras e ineficientes. Una zoncera, porque si al público le preguntan por cualquier política de estado de este o cualquier gobierno, de acá o de afuera, el público responde con rechazo. Es el signo de los tiempos, y por eso gobiernan os demagogos, acá y afuera.
No tener política para la región es un error, como ufanase de tener relaciones tirantes con todos los gobiernos del barrio. Esa tensión desarma activos valiosos de la Argentina en materia internacional que costó mucho construir.
El ejemplo es el voto de apoyo a la causa de Malvinas, construido desde hace más de 60 años y que tambalea si siguen las frivolidades globales de la Argentina. Esos activos parecen decorativos o armas arrojadizas para la política doméstica. Pero pueden ser necesarios en cualquier vuelta de la historia.
Le pasó a la Argentina en 1982, cuando enfrentó una guerra y contó con el apoyo de terceristas como Cuba o Perú. También la Argentina echó mano de esos recursos cuando debió enfrentar, con gobiernos de todo signo, los problemas de endeudamiento externo. Los tuvo el peronismo cristinista y también el macrismo.
Alardes: gobernar para la mitad del país
El jueves un lote de funcionarios -Guillermo Francos, José Rolandi, Lisandro Catalá, María Ibarzabal Murphy- vigilados pulcramente por los “nepo boys”, -los primos Menem-, Miguel Pichetto, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, Gustavo Bornoroni y sus lugartenientes de cada bloque se enfrascaron en un maratón de dos pasos.
Una reunión VIP en Casa de gobierno y otra masiva en el despacho de Martín Menem en Diputados sólo para mostrarse los dientes. Lo que el gobierno no resuelve, y la oposición dialogante contempla con una media sonrisa, es cómo hará el gobierno para seguir gobernando sin mantener un diálogo de superficie – es decir que comprometa a los electorados – con la oposición frontal del peronismo.
Ese sector, que representó en las últimas elecciones al 44% del electorado, mantiene 100 diputados y 33 senadores, extensibles ante determinados proyectos, que bloquean cualquier gestión. Ignorar a la mitad del electorado de un país es para un gobierno una ocurrencia tan peregrina y destinada al fracaso como tratar de imponerle por ley el uso de la toga a los jueces.
El ejemplo es la reglamentación del RIGI (promoción de grandes inversiones). Buenos Aires está armando un RIGI propio para atraer inversiones, mientras que el oficialismo trata de promover con sus bloques de la legislatura de Buenos Aires, una ley de adhesión. ¿Quién traerá una moneda a un país en donde la política no se pone de acuerdo en algo tan básico como construir una plataforma de confianza para las inversiones?
Quieren cambiar lo que funciona
En la segunda mitad del año el gobierno intenta un pliego de iniciativas que refuerce la capacidad de La Libertad Avanza para ir a las elecciones de medio término, con una fuerza que hoy no tiene.
En charlas previas, funcionarios del gobierno confesaron a los legisladores y autoridades de los partidos con quienes hablan, que se trata de un paquete de leyes «anti casta». En su presentación el jueves a los legisladores, Francos les dijo que ese paquete incluye la derogación de las primarias PASO. Pichetto le respondió con una posición que comparte la mayoría del Congreso: «El sistema electoral es muy bueno y funciona.
La prueba es que Milei es presidente gracias a ese sistema”. Los negociadores del Ejecutivo quieren llevar a debate todo el sistema electoral porque entienden que es una manera de arrinconar a la oposición, demonizándola como una corporación prebendaria. Atizar a la política por resistirse a las reformas electorales será la bandera comunicacional del gobierno.
Lamiendo heridas
La intención del oficialismo es reparar las heridas que lo han separado de las fuerzas amigas en la batalla legislativa, que significó la aprobación de la ley de Bases y de Paliativos Fiscales. Quiere recuperarse de la claudicación que significó tener que negociar con las diversas bancadas opositoras para que esos proyectos no naufragasen. Venía del cataclismo que significó el porrazo de febrero, cuando Diputados hizo caer la primera versión de la ley ómnibus, y el rechazo del DNU 70/23 por el Senado en abril.
La doble cita del gobierno con Ritondo, Pichetto, De Loredo y Bornoroni el jueves a la mañana en Casa de Gobierno fue gesto de agradecimiento a los bloques amigos por el apoyo a su sanción. También rindió un informe sobre la marcha de la reglamentación de esas dos leyes, con la pulcritud de quien habla con sus mandantes.
El gobierno emprendió su mandato con un envión pretoriano que chocó con el Congreso, que terminó mostrándole su poder. Las leyes Milei que entraron, salieron como leyes del Congreso.
Las PASO se les volvieron en contra
El arco de la oposición, dialoguistas y no dialoguistas, coincide en la posibilidad de tocar las primarias mediante reformas que pueden llegar a no ser obligatorias, y a que, en el caso de la presidencial, se elija candidato a presidente pero que el ganador pueda nominar a su compañero de fórmula, etc. Pero de eliminarlas, ni hablar.
Las PASO es uno de los tantos inventos de los políticos argentinos que se vuelve, después de creados, en contra de sus autores. Las PASO de 2015 en el PJ de Buenos Aires (Aníbal vs. Julián) pulverizaron las chances del peronismo de ganar las presidenciales.
El cisma interno que provocó esa confrontación dentro del partido demostró que la competencia entre los propios genera una polarización difícil de remontar. El adversario de una primaria pasa a ser enemigo mortal de quien ganó. El mismo efecto tuvo la primaria en Cambiemos el año pasado.
La confrontación entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pulverizó la fuerza de esa coalición. Cambiemos perdió entre 2021 y 2023 18 puntos de votos sin siquiera el desgaste de gobernar. Sepultó las chances de Patricia, que ni entró en el ballotage. Entre ese derrotado Cambiemos en la primera vuelta y la del peronismo en la segunda, Milei llegó a la presidencia sin que nadie discutiese el resultado electoral.
Sueños de gurú
La oposición amigable le avisó al gobierno, en la persona del negociador José Rolandi, sobre su rechazo a la derogación de las PASO. La comisión de Asuntos Constitucionales, que debe dictaminar sobre reformas electorales, es un coto de quienes sostienen las PASO, aunque retocadas.
La preside el mileista Nicolás Mayoraz, pero rodeado por la radical Karina Banfi, las macristas Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal y Silvana Giudici y el lilito Juan Manuel López. Ninguno de ellos quiere derogar las PASO.
El gobierno querría enloquecer a toda la dirigencia con proyectos más extravagantes, así como pergeñó la primera ley ómnibus y el DNU 70 con el propósito de poner el país de patas para arriba y aprovechar el debate para generar mecanismos que le dieran un poder que no tuvo en las urnas. Ese impulso no funcionó.
El Ejecutivo chocó con el blindex de un Congreso muy variado pero poderoso que, ante la debilidad del gobierno, intenta erigirse en un gobierno parlamentario. El intento de conmover el sistema electoral figuró en la primera versión de la ley de Bases, que incluyó el proyecto de instaurar el sistema de elección de legisladores por circunscripciones unipersonales. Era la perla de esa reforma, según le confesó Santiago Caputo, propagandista del gobierno a los legisladores: «Sueño con irme del gobierno habiendo impuesto el sistema uninominal por circunscripción». Duró poco la consigna, porque fue lo primero que dio de baja el oficialismo en la segunda versión del sistema uninominal por circunscripción.
El show de la debilidad
No ayuda al gobierno al show de debilidad que brinda día a día, con el látigo que voltea funcionarios por no coincidir con los dichos de otros funcionarios. Una concepción tosca y rudimentaria del liderazgo define su función en el castigo a la disidencia.
El liderazgo se trata de lo contrario: si un funcionario como Garro o Karagozian discrepa de lo que dice Olivos en materia deportiva o de finanzas, y el presidente los echa, está mostrando debilidad. La fuerza del líder consiste en contener a quien no piensa como él.
Milei busca revestirse de fuerza echando funcionarios, con lo cual refuerza la idea de debilidad que se refleja, entre otras manifestaciones, en los mercados que no muestran confianza en las medidas del gobierno. La experiencia enseña que un gobierno tiene que generar, ante todo, confianza.
El producto de la política es la confianza, la previsibilidad, que es el insumo básico de la economía. Quizás creen que azotando a los propios se construye fortaleza, cuando es señal de fragilidad. Liderar es contener la contradicción. Sin eso, tenemos un jefe de facción, no un líder.
Volvieron “Chiches” y “Chichis”
Sin lealtad, las disfuncionalidades estallan y generan simulaciones. La principal, que las personas que toman las decisiones son la hermana del presidente y su asesor Santiago Caputo. En cualquier momento, como en las películas, van a ser perseguidos por un crimen que no cometieron.
Atribuirle superpoderes informales a dos indocumentados es un recurso formidable para embozar a quienes toman las medidas y escapar a las responsabilidades y lawfares a que está expuesto todo decisor oficial. Su rol les mitiga la exposición formal, porque les atribuyen decisiones que no toman.
No ha sido desmentido que los proyectos más importantes del gobierno fueron elaborados por estudios jurídicos privados. Tampoco que el DNU 70 fue elaborado por un economista – que asumió un ministerio hace unos pocos días- cuando era un ciudadano común.
Otros gobiernos han confiado las decisiones a allegados que ejercían asesorías que daban órdenes a los ministros, que arriesgaban el pellejo con la firma.
Bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González era presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. Conducía la política social que ejecutaba María Nélida «Chichi» Doga en Obras Públicas, que ejecutaban varios ministerios. ¿La firma? Se la voy a deber.
Santiago Caputo es asesor presidencial fuera de convenio, tiene un contrato de prestación de servicios profesionales autónomos celebrado bajo el régimen del Decreto N° 1109/17 (Resolución 09593892/2024 de la Secretaría General de la Presidencia). Que le avisen porque baja todos los días del área presidencial a la jefatura de Gabinete con la minuta de instrucciones. ¿La firma? Se la voy a deber.