El aumento del dólar -que amainó esta semana, pero sigue por arriba de las cotizaciones de agosto- vuelve a expandir un problema crónico para el Gobierno y para los consumidores: el atraso de las tarifas de la energía (luz y gas), con el consecuente impacto fiscal en los subsidios.
Es que gran parte de los costos energéticos están dolarizados, como el precio del gas que reciben las petroleras y los contratos de energías renovables, entre otros. Un salto en el tipo de cambio de 14%, como el acumulado desde julio, desequilibra las cuentas fiscales y presiona a futuro para más subas de las boletas a los hogares, comercios e industrias.
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Las petroleras venden al mercado local en invierno casi la mitad del gas que producen en un año a un precio de 4,40 dólares por millón de BTU. Sumadas las importaciones, el costo promedio de abastecimiento alcanza los US$ 5. El Gobierno decidió, como el año pasado, no trasladar ese incremento temporal a las boletas de los usuarios y hacerse cargo transitoriamente con subsidios.
Dolarización energética
Así es que incluso los hogares de mayores ingresos, categorizados como “N1” en la segmentación, pagan el gas menos de US$ 2,90 -antes de sumar otros costos como el transporte, la distribución y los impuestos-. Y los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos abonan menos de la mitad de ese costo.
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Por esta razón es que el Gobierno se atrasó con los pagos del Plan Gas a las petroleras y acumuló una deuda de $ 800.000 millones, lo que complica financieramente a futuro las inversiones para Vaca Muerta.
El gas que entregan las productoras lo cobran en pesos, 65 días después de que termine el mes de la inyección. En septiembre, con un dólar que superó los $ 1.400, las empresas cobraron lo que produjeron en junio, cuando la divisa cotizaba a menos de $ 1.200.
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Asimismo, ese gas es el insumo fundamental para las centrales termoeléctricas, que explican más del 50% de la generación eléctrica. Un gas más caro en pesos implica una electricidad más cara y la necesidad de que los usuarios paguen más en sus boletas o el Estado se responsabilice.
Los subsidios a la luz y el gas en 2025
Según calculó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, los hogares cubren de su bolsillo un 52% promedio del costo mayorista de la luz y un 45% promedio del gas.
Los de menores ingresos apenas aportan el 27% y 20%, respectivamente; mientras que esa proporción es de 80% y 75% en los de mayores ingresos. Las cifras demuestran que pese al ajuste realizado en los primeros 20 meses del gobierno de Javier Milei, todavía queda un largo camino para corregir desequilibrios heredados de 20 años de intervención en el sector energético.
En lo que va del año el pago de subsidios a la energía cayó un 61% en términos reales -descontado el efecto de la inflación- frente al período enero-septiembre 2024. En términos de Producto Interno Bruto (PIB) las subvenciones energéticas representaron el año pasado el equivalente a 1,2%; cerrarían en 0,6% en 2025 y se presupuestó 0,5% para 2026; es decir, se prevén nuevos aumentos de luz y gas.
Por otro lado, el proyecto de Presupuesto 2026 prevé retrotraer los subsidios a la zona fría de gas a la situación previa a 2021; o sea, limitarlos exclusivamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) y sacárselo a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras provincias, lo que podría limitar alianzas con gobernadores que pueden conversar con Milei.