A pesar de los incentivos fiscales, varias empresas de la industria de consumo analizan la posibilidad de no firmar el acuerdo por la renovación de Precios Justos, según confiaron a Clarín fuentes del sector privado. Los «focos de rebeldía», por ahora provisorios, se producen porque el Gobierno aspira a extender el programa por 90 días con una suba tope del 5% mensual con el objetivo de contrarrestar la ola de remarcaciones generalizadas.
Este viernes, el Gobierno intentó mostrar avances en su cruzada anti inflacionaria, con una receta acorde al paladar kirchnerista. Por un lado, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció acuerdos con supermercados, mayoristas y laboratorios, que establece la pauta máxima del 5% por mes hasta noviembre.
Pero en paralelo, se reforzaron las presiones para sumar adhesiones al programa. Por un lado, Massa advirtió que “aquellos que no cumplan les vamos a hacer sentir todo el peso y el rigor de la ley”. Por otro lado, el mismo viernes la AFIP desplegó operativos con 500 inspectores en distintas provincias para fiscalizar precios y facturas de compra.
El Gobierno intentan disolver el malestar generalizado entre las empresas, que reclaman una recomposición de precios en función de la escalada inflacionaria de las últimos días, tras la devaluación de casi 22% del dólar oficial y la abrupta suba del blue tras las PASO. Ofrece a cambio zanahorias fiscales, cuyos alcances se conocerían en las próximas horas.
La prioridad oficial, ahora, es replicar el mismo acuerdo con fabricantes de la industria de consumo masivo. Desde ese sector adelantan que hay al menos 10 compañías líderes del mercado que rechazan la renovación del programa en estos términos.
Las negociaciones están en manos de la nueva unidad para combatir a la inflación, una «task force» que lidera el director de la Aduana, Guillermo Michel, y en la que participan el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Desde el martes, los funcionarios vienen manteniendo reuniones para avanzar en los acuerdos.
Las primeras en asistir fueron las empresas productoras de alimentos, bebidas, tocador y limpieza. El planteo oficial es contener la inflación, que para las consultoras privadas podría trepar hasta el 14% en agosto, con una nueva versión de Precios Justos. «Fue una primera conversación en la que se habló de autorizar sólo un 5% mensual. Ofrecen alivios fiscales, pero aún tenemos que verlo: venimos con mucho retraso en los precios«, dijo un alto ejecutivo.
En la industria coinciden que algunas manifestaron su intención de no acordar, por lo menos hasta ver el decreto con el detalle de los beneficios compensatorios. Las empresas reclamaban un ajuste mucho mayor, que contemple la suba del 7,5% del Impuesto País y el salto devaluatorio del 21,8% del dólar oficial. No acordar, de todos modos, no implica incumplir el programa, porque las grandes cadenas están obligadas a rechazar subas por encima de lo estipulado.
El miércoles, Massa mostró los dientes: «El que firme el acuerdo y no lo cumpla, ya no es simplemente una multita de la Secretaría de Comercio, porque está accediendo a beneficios impositivos». Luego agregó que «los que no quieran entrar al programa y abusen, le vamos a aplicar todo el peso de la ley«.
El equipo conducido por Michel tenía previsto cerrar una primera ronda de reuniones en los próximos días. Ofrece, entre otras cosas, una rebaja del 6% a exportadores y del Impuesto País y prórrogas en el pago de las contribuciones patronales. «El Gobierno todavía no oficializó nada ni dio más detalles. Hasta que eso no ocurra no vamos a tomar ninguna decisión«, dijo a Clarín una fuente de una de las compañías líderes.
El malestar de las empresas es generalizado. «Es lógico que algunas empresas rechacen el acuerdo. Ya veníamos con retrasos y se suponía que agosto era para recomponer la pauta de aumentos hasta diciembre. Ahora cada una debe decidir si firma el acuerdo y si retrotrae los precios o no«, señaló otro ejecutivo.
Más problemática aparece la negociación con el resto de los rubros que participan del programa. Electrodomésticos, bicicletas, motos, indumentaria y calzado tienen los precios congelados desde el 31 de mayo pasado. La medida, tomada por Comercio con miras a las PASO, dejó de estar vigente el pasado 15 de agosto. El Gobierno, ahora, solo accede autorizar el mismo «sendero de precios» del 5% mensual, lo que para muchas empresas «es inviable».
Desde esos sectores aseguran que todavía no fueron convocados. Muchas compañías y marcas internacionales ya realizaron ajustes de entre 20 y 40% apenas venció el último acuerdo, el 15 de agosto. «Hay que computar los 75 días con los precios fijos, más la suba del 7,5% del Impuesto País más la devaluación del dólar. La mayoría ya actualizó las listas», explicó una fuente del sector de la electrónica.
Las consultoras privadas ya estiman una inflación de entre 10 y 14% para el mes de agosto. De confirmarse, sería la primera vez en 21 años que el índice cruza el umbral de dos dígitos en un mes. El salto abrupto del blue tras las PASO complicó el panorama. Fuentes del sector privado detallan que desde este lunes no pararon de llegar listas de precios con subas de entre 10 y 30% en ropa, electrodomésticos, calzado, construcción y también el consumo masivo.