‘Los Caputo’ siguen acumulando poder en el gobierno de Javier Milei. El próximo paso en materia de privatizaciones lo tomará el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Allí, se está gestando el equipo que estará a cargo del proceso de licitación, venta, tasación o liquidación de las empresas públicas. El ministro de Economía ya empezó a buscarle una oficina dentro del Palacio de Hacienda a Diego Chaher, el titular de la flamante Agencia de Transformación de Empresas del Estado, y su equipo.
El funcionario depende directamente de Economía, pero llega apadrinado por el asesor presidencial y sobrino del ministro, Santiago Caputo. Tal como reveló Clarín en junio, la salida del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, catapultó a Chaher, abogado mendocino y exgerente del Grupo América, desde su puesto como interventor de medios públicos a una función similar a la de Roberto Dromi, el ejecutor de las primeras privatizaciones de Carlos Menem. La reglamentación de ese capítulo de la Ley Bases el lunes terminó de reforzar su influencia.
En concreto, el decreto establece que el área a cargo de cada empresa pública deberá elevar un informe al Ejecutivo, previa intervención de la agencia de Chaher. El reporte deberá contener la propuesta con el procedimiento de privatización, si será de carácter total o parcial y su fundamento, y si seguirá otras alternativas, como transferir la titularidad, constituir sociedades, reformar los estatutos societarios o disolver y liquidarlas. «Lo que hace es agilizar las privatizaciones», resumieron en un despacho oficial.
A la espera de su oficina en Economía, Chaer y su segundo, Patricio Jaccoud, ocupan la del exsecretario de empresas y sociedades del Estado, Mauricio Botto, situada en el edificio de Roque Saenz Peña 788, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. La misma sede que le asignaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sonaba en un principio para liderar las privatizaciones. «Cuando una empresa va al proceso de licitación o concesión privada, ellos lo van a conducir», explican en el equipo económico.
Después de intentar privatizar 41 empresas en la primera versión de la Ley Bases, el Congreso aprobó la venta de ENARSA e Intercargo, la privatización o concesión de AYSA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse) y Corredores Viales, y la privatización con condiciones (control estatal o participación mayoritaria) de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y el complejo carbonífero, ferroviario, portuario y energético a cargo de Yacimientos Carnobínero Río Turbio.
También podría haber otros cambios. El DNU 70 diseñado por Sturzenegger y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, ordenó transformar todas las empresas del Estado en Sociedades Anónimas. «Seguramente salgan luego leyes puntuales sobre otras empresas a privatizar», dicen en un importante buffet de abogados. Por otra parte, la discusión de los tiempos (y cargos) genera tensiones. «Lo que hay que hacer en empresas que no son viables es cerrarlas», disparó Mauricio Macri el lunes, el mismo día de la reglamentación.
Macri tiene funcionarios de su riñón en ministerios y empresas, como AYSA y NASA, la operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse. En los últimos días, surgieron dudas sobre la continuidad de algunos de sus laderos. Pero sus reclamos habrían sido escuchados. Según fuentes con conocimiento, la empresa de agua y cloacas, presidida por Alejo Maxit, evalúa que el comprador privado se encargue únicamente de la operación y mantenimiento, dejándole al Estado la mochila de las obras de infraestructura y las deudas.
Esa suerte de desguace es la propuesta más tentadora para las empresas israelíes y europeas interesadas en evitar la experiencia del grupo francés Suez, que quedó a cargo de la concesión tras la privatización de Obras Sanitarias (la antecesora de AYSA) en 1993. La empresa empezó a enfrentar críticas en 1998 por la reducción del servicio, en 2001 le congelaron las tarifas y ya con fuertes deudas, Néstor Kirchner la reestatizó en 2006. «No hay tarifa que cubra las obras de infraestructura», señala en el sector privado.
Con la absorción de las privatizaciones, Luis Caputo avanza más en el control de la política económica, que incluye el Banco Central, transporte, infraestructura, industria y el área energética. En esta última, desembarcó Daniel González como secretario coordinador de Energía y Minería. Desde el piso 10 del Palacio de Hacienda, el exfuncionario macrista le da las últimas puntadas a la reglamentación del régimen de grandes inversiones (RIGI). «Es los ojos de Caputo en el sector energético», dicen en el sector privado.
Los otros hombres de Caputo que intervienen en el RIGI son el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el secretario coordinador de Producción, Juan Pazo, y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. También lo hacen el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Sturzenegger y Santiago Caputo. Falta definir, entre otras cosas, los rubros que incluirán los 9 sectores con exenciones fiscales extraordinarias y un salvoconducto para escapar del cepo. «Está en etapa final, se define la semana próxima o antes», aseguran en Casa Rosada.