Este lunes se concretó la instancia de recepción y apertura de propuestas para la ampliación del Tramo I del Gasoducto Néstor Kirchner, renombrado Perito Moreno, en las oficinas de Enarsa. Allí se conoció el único sobre presentado, la oferta por la construcción de las obras más la prestación del servicio de operación y mantenimiento perteneciente a TGS, la principal transportista (el 60%) del gas natural del país.
Según el llamado a licitación del Gobierno, Milei no quiere comprometer fondos públicos en la obra, y la ampliación quedará 100% a cargo del adjudicatario. Según el medio especializado EconoJournal, “se contempla la posibilidad de financiar las obras mediante la reserva de capacidad o prepago de los contratos de transporte.” Hace apenas unos días el Gobierno pagó un sobreprecio del 65% a las empresas de gas para que no corten el suministro.
Te puede interesar: Milei con las petroleras: le pagará un 65% más caro el gas para que no lo corten
Te puede interesar: Milei con las petroleras: le pagará un 65% más caro el gas para que no lo corten
A través de una alianza, Marcelo Mindlin (con Pampa Energía) y la familia Sielecki, son los dueños de TGS. La empresa presentó el proyecto de ampliación del Gasoducto a mediados de 2024, que promete sumar 14 MMm3/d a la capacidad y permitirá sustituir importaciones con consecuente ahorro fiscal.
La inversión implica unos U$S 700 millones a realizarse en 2 años, que se repagará con recargos tarifarios a los hogares, comercios e industrias.
En abril de este año, TGS logró mejorar significativamente su situación tras la aprobación de la “Revisión Tarifaria Quinquenal” que estableció un esquema gradual de ajustes reales de tarifas destinado a afrontar el plan de inversiones que debe ejecutar en el período 2025-2029.
Según una denuncia del exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, el proceso licitatorio incluye una cláusula de revisión y redeterminación de la tarifa de transporte basada en el índice PPI (Producer Price Index) de Estados Unidos, que podrá cobrar el ganador de la licitación. Esto sería “incompatible con la legislación vigente porque se trata de un índice extranjero sin habilitación legal expresa y porque la indexación en moneda extranjera se encuentra prohibida por normas de orden público económico” añade la denuncia elevada a la secretaria de Energía.
Festejo doble: concesión hasta 2047
Pero este gigante del gas festejó doble, ya que el jueves pasado el Gobierno decidió extender la concesión de su prestación de servicio de transporte de gas natural que vencía en 2027, hasta 2047. Milei no pudo hacer esto sin la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, con el apoyo de sectores del peronismo y la “oposición dialoguista”. Antes, la Ley 24.076 establecía la posibilidad de renovación por 10 años, con la nueva reglamentación la gestión libertaria logró duplicar el período.
Así, con el Decreto 495/2025, TGS se aseguró una renovación anticipada por 20 años más, la primera otorgada por el Gobierno para una empresa regulada en el segmento. La licencia originalmente fue otorgada en 1992 tras la privatización de Gas del Estado por el menemismo por un plazo de 35 años.
Con Milei, el año pasado la empresa multiplicó por 7 (un 625% más) sus utilidades en el país.
Patria contratista versión Milei: los jugosos negocios de los empresarios amigos
Marcelo Mindlin es amigo de Macri, durante la gestión de Cambiemos, su compañía Pampa Energía pasó de estar en el puesto 103 en el ranking de las empresas que más facturan en Argentina, en el 2015, al puesto 10 según la revista Forbes para 2017.
Empezó en 2004 con Transener, que tiene prácticamente el monopolio del transporte de electricidad en todo el país. En 2005 se quedó la mayoría de Edenor que luego vendió al grupo Vila – Manzano. Dirige empresas que acaparan toda la estructura del entramado de la energía: con participación accionaria en hidroeléctricas, centrales térmicas y termoeléctricas;en el transporte controla Transelec y a través de ella Transener, compartida por el Estado. También controla la mencionada Transportadora Gas del Sur (TGS), Petrolera Pampa y Loma la Lata. También se quedó con Loma Negra, la mayor cementera de Argentina.
La familia Sielecki, por su lado, radica en Punta Del Este. Su fortuna proviene del mundo farmacéutico, fundadora de laboratorios Elea – Phoenix. Actualmente, según Forbes, la familia pesa fuerte en la industria petroquímica: es el principal fabricante de polipropileno del país.
Los Sielecki serían los designados de Milei para hacerse de Aysa con la privatización recientemente anunciada. A través de una sociedad con Mekorot, la empresa de aguas israelí, que incluye una sociedad con Filiberti, el “Rey del cloro”, que también comparte sociedad con Vila y Manzano en Edenor.
Te puede interesar: Milei privatiza AySA, habilita cortes de agua y abre la puerta a Mekorot
Te puede interesar: Milei privatiza AySA, habilita cortes de agua y abre la puerta a Mekorot
Las recientes medidas del Gobierno en beneficio a TGS ya tuvo repercusión en las bolsas y atrajo la atención del JP Morgan que este lunes la recomendó como una de las 3 empresas a invertir del país. En el Merval de Buenos Aires subió un 7,5%, mientras que en Wall Street saltó un 7,8%. Allí, en la Bolsa de New York, la empresa cumplió el año pasado 30 años cotizando a lo cual fue invitada a tocar la famosa campana junto a un evento que invitó al economista Domingo Cavallo.
Un plan energético democrático, económico y sustentable
Es necesario terminar con los negociados de un pequeño grupo de empresarios ligados a los Gobiernos. Planteando un servicio en beneficio de sus ganancias, y no de las verdaderas necesidades sociales del país.
Como plantea la izquierda, es necesaria la estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios. Sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, que invierta las prioridades de las ganancias de unos pocos millonarios por sobre las necesidades de las mayorías.
Esta medida permitiría decidir democráticamente qué fuentes de generación de energía se utilizarán. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento, no rematando los bienes y empresas públicas, sino por medio del no pago de la deuda externa, el quite de subsidios a las petroleras – energéticas y la nacionalización del sistema bancario, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Así podría evaluarse la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación, aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el uso de bienes comunes naturales necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación. De conjunto con terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias, haciendo un servicio económico y sustentable.