El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, dialogó con AzM Radio 94.5 luego de participar de la reunión clave en Buenos Aires junto al gobernador Ignacio Torres y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. En el encuentro, que tuvo lugar en dependencias del Gobierno Nacional, se abordó la compleja situación que atraviesa la flota congeladora que opera en aguas nacionales, en medio de un conflicto que mantiene paralizada la actividad.
El conflicto gira en torno a la rentabilidad de los barcos congeladores, que operan entre Buenos Aires y Tierra del Fuego. Las cámaras empresarias reclaman una rebaja en el ítem “producción” del salario de los trabajadores, alegando que el precio internacional del langostino cayó a menos de la mitad en comparación con 2005, cuando se fijó ese valor.
“Los empresarios plantean que el ítem producción sea variable: si sube el precio del langostino, todos ganan; si baja, todos pierden. Pero eso es fácil de decir, porque para el trabajador aceptar una baja salarial es algo muy difícil de digerir”, sostuvo el funcionario.
Arbeletche también apuntó contra la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional: “Falta una pata en esta mesa. Nación cobra retenciones, derechos de exportación e impuesto a las ganancias a los trabajadores marítimos, que solo trabajan cuatro meses. Si el Estado pone algo de su parte, el impacto sobre los trabajadores podría reducirse”.
Respecto al rol del Gobierno central, fue claro: “En Chubut tuvimos 37 reuniones para resolver un conflicto anterior. Nación solo convocó a cuatro. La pesca no está entre las prioridades del Gobierno Nacional, pese a los millones de dólares que aporta al país”.
En cuanto a posibles avances, confirmó que solicitarán al Consejo Federal Pesquero que se reinicie la prospección en aguas nacionales, suspendida por falta de inscripción de barcos: “Se había anotado uno solo, de más de 100 congeladores. Nadie deja un barco parado por gusto. La situación es muy complicada y el negocio no cierra. El año pasado las empresas ponían plata para operar, este año no quieren perder más”.
El costo de poner un barco al agua, estimó, ronda entre los 300.000 y 500.000 dólares por marea. “Es entendible que no salgan si no hay garantías de rentabilidad”, remarcó.
Consultado sobre si hay margen para acuerdos, Arbeletche fue cauto: “Los trabajadores quieren trabajar, eso es claro. Pero proponerles cobrar 30% menos por producción, cuando ese valor está congelado desde 2005, es complicado. Si Nación implementa las tres medidas que planteamos, el ajuste para el trabajador sería mucho menor”.
Sobre la posibilidad de que se anoten más barcos si se reactiva la prospección, respondió: “No hay garantías, depende de la decisión de cada empresario. Las cámaras pueden sugerir, pero cada uno actúa según su situación. Sin embargo, hay empresas que están dispuestas a salir a pescar y seguir negociando”.
Para finalizar, destacó el rol del gobernador Torres: “Es el único mandatario provincial involucrado activamente en este conflicto que abarca a cinco provincias. Fue personalmente a plantear los reclamos. Su estilo es ese: ponerse al frente”.