La droguería Suiza Argentina SA, involucrada en el caso de los audios, cerró 17 contratos por $34.000 millones con la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en el último año. La empresa de la familia Kovalivker, investigada por la Justicia, no solo era la principal proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad sino que también era una de las compañías más contratadas por la Provincia.
La información de los contratos es oficial y surge del Organismo Provincial de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires. Allí da cuenta de las licitaciones celebradas en el último año en las que se posicionó como ganadora la compañía de la familia Kovalivker.
Ese relevamiento arroja un total de quince licitaciones y dos contrataciones directas, si se tiene en cuenta la ventana temporal de enero de 2024 y febrero del año en curso. “Por el tipo de proceso de compras y los organismos auditores que intervienen, las compras pueden ser aún más de las que figuran en el portal”, indicaron fuentes provinciales a Clarín. El total exacto de las 17 contrataciones es de 34.032.157.643 pesos.
La provincia de Buenos Aires no es la única que contrató a la droguería de la familia Kovalivker. De hecho su propia logística le permitió licitar desde el extremo sur en Tierra del Fuego hasta la provincia de Salta. Una fuente oficial consideró que “en la mayoría de las provincias logró quedar contratada”, sin que ello represente un delito en sí mismo.
Pero la causa penal que tiene el fiscal Franco Picardi podría “convertirse en un efecto dominó “, describieron fuentes allegadas a la causa.
Ante la consulta de Clarín, fuentes del gobierno bonaerense indicaron: “Cuando inició la gestión de Kicillof nos encontramos con que Suizo Argentina SA era la principal proveedora del Ministerio de Salud, hoy es una de las principales junto a otras”.
A la hora de determinar que debía continuar como proveedora del ministerio de Salud, se explicó: “Su capacidad de stock y distribución, como vínculo directo con los laboratorios posibilita que resuelva no sólo aquellos medicamentos que se pueden adquirir con previsión sino, sobre todo, aquellos que son de urgencia teniendo en cuenta que la Provincia cuenta con 100 hospitales que dependen del Gobierno”.
Entre las licitaciones de mayor valor se encuentran una adjudicada el 27 de febrero de 2024, para hipoglucemiantes orales, monocroma, por $ 1.398.600.000,00.
También otra licitación concluida en noviembre del año pasado por $ 5.783.328.230,000 para “medicamentos y productos farmacéuticos”, la mayoría de los mismos para tratamientos oncológicos.
Hubo otra licitación de la que participó la droguería Suizo Argentina SA por poco más de $23.000 millones para medicamentos oncológicos.
Para la provincia de Buenos Aires las actuales sospechas sobre hechos de corrupción en los que habría participado la compañía, no son causal de exclusión de futuras licitaciones. “Nada impide que sigan ofertando siempre y cuando lo hagan a mejores valores en las licitaciones, sólo se la excluirá si el valor ofrecido no es conveniente para el Ministerio de Salud”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Hay otras licitaciones por valores inferiores, que según consignó el gobierno bonaerense, fueron abonadas después “del proceso correspondiente de control, no sólo el organismo auditor sino también la Fiscalía de Estado”. Bajo esta premisa se señaló que el sistema “funciona al revés que el de Nación que primero paga y después audita”.
Los contratos que se encuentran sometidos a investigación penal son aquellos celebrados por el Estado Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina.
Como contó Clarín hay un conjunto de licitaciones por 55.000 millones de pesos que tiene en sus manos la justicia federal en la causa donde la hipótesis central es el vínculo entre la compañía de la familia Kovalivker y el Gobierno nacional.
Son dos líneas específicas de investigación: la reconstrucción de la presunta ruta de sobornos en la que trabaja, bajo secreto de sumario, el fiscal Franco Picardi y la determinación de posibles sobreprecios y licitaciones amañadas, tarea delegada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez.
La PIA ahonda en los contrato y las compras de medicamentos contemplados la Ley de Contratos como la que rige los procedimientos licitatorios. Aunque la PIA se concentra en los contratos a nivel nacional, dejan abierta la puerta a determinar si no existió un sistema similar que se replicó en otras provincias.