En un fallo, el tribunal rechazó un pedido de nulidad de la indagatoria de un empresario de la construcción y el transporte. Así podría seguir preparándose el juicio oral a más de 150 ex funcionarios y empresarios.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de los abogados del empresario Aldo Benito Roggio y, de ese modo, respaldó la validez de las declaraciones indagatorias tradicionales que habían tomado el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli al inicio de la causa de los Cuadernos de las Coimas.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y otros procesados habían objetado ese método y reclamaban que para que las indagatorias a arrepentidos tuvieron valor jurídico se debían haber filmado y no solo tomado versión mecanografiada junto a los abogados defensores, como es tradición en tribunales.
Así la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los doctores Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 7 que no hizo lugar al pedido de nulidad de parte de la declaración indagatoria prestada por el imputado ante el juez de instrucción, luego de haber acordado con el fiscal Carlos Stornelli para brindar información como imputado colaborador.
La resolución fue dictada en el marco de la causa CFP 13820/2018, que es un desprendimiento de la investigación iniciada por el Juez Bonadío en torno a la presunta asociación ilícita, en la que fueron involucrados la ex Presidenta Cristina Kirchner, el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, y otros funcionarios y empresarios cuya finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015.
Este expediente en particular, acumulado a la causa principal “Cuadernos de las Coimas”, se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de recaudación ilegal antes aludido en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado concretamente a las cuestiones de transporte.
Los cuestionamientos de la defensa se centraron en atacar la declaración indagatoria brindada en su momento por Roggio ante el juez Bonadío, principalmente considerando que el magistrado realizó preguntas que excedían el objeto procesal atribuido al imputado, y que de esa forma, amplió la investigación a asuntos no contemplados, tales como los supuestos retornos por subsidios al transporte. También agregó que, en el particular contexto en que se dieron las indagatorias, si Roggio no colaboraba en su declaración, corría riesgo de quedar detenido.
La Fiscalía de Juicio entendió que el planteo no podía prosperar, comentaron fuentes judiciales. Entre otros argumentos, indicó que la defensa no demostró una afectación precisa que dé lugar a la violación de garantías constitucionales.
En el mismo sentido, el Tribunal desestimó la pretensión, destacando que la parte arremete “contra los actos propios, poniendo en crisis la estrategia defensista que se adoptó al prestar la declaración que ahora cuestiona”.
La realización del juicio oral aún parece una instancia muy lejana. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) pidió en varias ocasiones recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder imprimir mayor celeridad al caso, pero no obtuvo la respuesta esperada. Bonadio y Stornelli elevaron la causa a juicio oral en septiembre de 2019.
La causa comenzó en el 2018 cuando el diario La Nación descubrió que Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
Un amigo de Centeno que tuvo en su poder aquellos cuadernos se los cedió al periodista de La Nación Diego Cabot, quien comenzó a comprobar su contenido y pocas semanas después decidió llevarlo a la Justicia. Bajo estricta reserva, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio trabajaron en ese mismo sentido, hasta que el 1 de agosto de 2018 decidieron detener al chofer y descubrir el juego.