La Central Térmica de Río Turbio fue una de las grandes promesas energéticas del kirchnerismo. Rodeada de denuncias de corrupción, hace más de 17 años se licitó y nunca se terminó. Debía inyectar al Interconectado Nacional 240 Mw, lo que eso sería posible a través de las dos calderas (de 120 Mw cada una) que serían alimentadas con el carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La actual intervención resolvió apagar la única caldera que estaba operativa: generaba una pérdida diaria de 30 millones de pesos.
La chimenea de 109 metros de altura que se observa sin ninguna competencia, a la distancia, es una de las muestras más concretas de una obra civil fallida y una promesa energética que jamás se concretó. Se convirtió en una suerte de “elefante blanco” en el corazón minero de Santa Cruz.
La Usina Termoeléctrica llamada “14 mineros”, por los trabajadores del carbón que perdieron la vida en el incendio de 2004, era parte del programa de renovación y puesta en valor del yacimiento. El kirchnerismo nunca cumplió con la terminalidad de la obra que daría otro sentido a la extracción del carbón.
Al tipo de cambio oficial y con el deterioro que algunas partes de la Central Térmica exponen, el costo actual rondaría los 200 millones de dólares para que se concluya la obra civil y se logre poner en marcha. Un dinero que el gobierno de Javier Milei no tiene y resolvió no volcar a la obra que el kirchnerismo dejó inconclusa.
Ante ese escenario y con los números sobre el escritorio, la intervención actual a cargo de Thierry Decoud tomó la decisión de apagar la única caldera que estaba en funcionamiento. La medida se adoptó en enero pasado y no se modificará, «es la forma en parte, que permite reducir el enorme déficit de la empresa», indicaron ante la consulta de Clarín.
Según explicaron fuentes oficiales a este medio, para garantizar el funcionamiento de YCRT que cuenta con una planta de 2.111 empleados, el Estado nacional debe remitir cada mes 5 millones de dólares que representa el déficit de la empresa minera. El Yacimiento se encuentra intervenido desde 2002 y nunca modificó su estatus.
A ese ritmo, la empresa perderá a lo largo de todo 2024 unos 70 millones de dólares. La cifra es cubierta en su totalidad por el Gobierno Nacional. La semana pasada cuando fue a dar su informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la pérdida que genera la compañía y, en parte, lo atribuyó a la planta de personal con la que cuenta.
El comparativo muestra un déficit que en porcentaje sería la mitad de lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández. La intervención actual dio de baja a una gran cantidad de contratos de servicios vinculados a una usina que no estaba generando la energía prometida y con su obra civil sin terminar.
Desde la actual intervención, sostienen que YCRT no es rentable pero podría -al menos- cubrir sus gastos operativos. Esto significa, que en carpeta no hay ningún proyecto de privatización ni cierre de la firma carbonífera, algo que también explicitó en varias reuniones con la Casa Rosada el gobernador santacruceño Claudio Vidal: “La solución no es privatizarla, hay que gestionarla”, dijo en su oportunidad a Clarín.
Los números de la Usina, no cierran
YCRT es la responsable de alimentar con el mineral a la Central Térmica. En enero del 2022, produjo 2.346 toneladas de carbón, y la extracción máxima contabilizada hasta el año pasado (2023) no superó las 6.300 toneladas.
El primer semestre del año en curso, según los números a los que accedió Clarín, la producción en mina rondaba las 49.000 toneladas y la planta de tratamiento a lo largo de estos meses logró procesar 55.486 toneladas. El carbón que se extrae para poder darle la función deseada: la Usina o la exportación a través del Puerto de Punta Loyola, debe sí o sí pasar por la planta depuradora.
“El problema es de infraestructura, se necesita una planta más depuradora para llegar a las 60.000 toneladas mensuales que requiere YCRT para exportar y al menos obtener entre 3-4 millones de dólares por mes en esa operación”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
La producción actual, que además estuvo atravesada por un crudo invierno que vivió Santa Cruz, está absolutamente alejada de las 112.320 toneladas mensuales que debe extraer para alimentar la Usina que esta gestión promete terminar. Apenas el 5% si se tiene en cuenta la producción final de 2023.
Los pocos recursos económicos que se tienen se volcarán a la mina de carbón, a aumentar su extracción de carbón para así exportarla a través del puerto de Punta Loyola (a 300 kilómetros de Río Turbio).
Las sospechas de corrupción
La Usina emplazada entre Río Turbio y 28 de Noviembre fue una de las obras expuestas en el caso de los Cuadernos de las Coimas como parte de ese circuito de pagos ilegales que los ex integrantes del entonces Ministerio de Planificación Federal -que dirigió Julio De Video- requería para liberar certificados de pagos, entre otros beneficios.
Durante el primer mandato de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación se realizó la licitación de la obra que buscaba subsanar los problemas deficitarios de YCRT y otorgarle otro sentido -a largo plazo- al yacimiento de carbón. La obra fue adjudicada a una UTE liderada por la española Isolux Corsán en 857.341.128 dólares.
“Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a 1.726.251.982 dólares”, explicitó una pericia oficial incorporada a la causa judicial que investigó a Julio De Vido, al ex titular de YCRT y a otros ex funcionarios y participantes de aquel proceso.
Esa cifra también se quedaría corta: durante el período en el que Aníbal Fernández fue interventor, entre otras licitaciones y planes de obra, se gastaron más de 1.900 millones de dólares, y todavía falta lo que se invertirá en finalizarla. En 2022 Clarín realizó un pedido de acceso a la información a la firma minera. Ante la consulta respecto a cuánto costará terminar la Usina, se señaló que demandará poco más de 70 millones de dólares.
Conclusión: la usina habrá costado entre dos y tres veces más de lo que se había presupuestado originalmente.
La cuestionada Usina
El diseño de obra plantea el funcionamiento de dos calderas abastecidas por el carbón extraído de YCRT. Pero durante la gestión de De Vido, se incorporó un cambio para realizar un tendido de gas hasta la Usina: se temía que el carbón de Río Turbio no fuera suficiente para encender ambas calderas y generar la energía demandada.
El gobierno de Mauricio Macri calificó esta obra como un “emblema de la corrupción”. Incluso la AFIP terminó denunciando a Isolux Corsán por facturas apócrifas. La compañía avanzó con un pedido de quiebra en España, donde tiene su casa matriz y el nombre de la obra como de la firma, no tardó en aparecer en el escándalo de los Cuadernos de las Coimas.
La usina fue licitada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2007 y fue ella misma quien en 2015 -en plena campaña electoral- puso en marcha la primera de las dos calderas. Aquella acción, anunciada de forma grandilocuente, duró tan sólo 24 horas: la caldera se rompió y años después las autoridades de la empresa constructora admitieron que no estaba lista para encenderse. La reparación le costó más dinero al Estado.
Como ya contó Clarín en su momento, la generación de energía total que aportará la usina tampoco será la prometida. En los papeles, la obra producirá alrededor de 240 megavatios, pero lo cierto es que necesita unos 40 MV para su propio funcionamiento. Al final de cuentas, cuando alcance su máxima producción podrá aportar 200 MW al sistema interconectado.