Para rechazar el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria, la oposición en la Cámara de Diputados necesita este miércoles los dos tercios de los votos. Si consigue ese número, la discusión se trasladará al Senado, donde también deberá contar con los dos tercios.
Sólo si consigue el aval de las dos Cámaras, se pondrá en vigencia la ley de movilidad jubilatoria redactada por la oposición.
En cambio, si la oposición no logra reunir este número en la Cámara baja, quedará convalidada la decisión Milei de rechazar la reforma, ya que para voltear un veto presidencial se necesita que Diputados y Senado lo rechacen con más de dos tercios.
El jueves 22 de agosto, en una votación atípica en la Cámara alta, el incremento para los jubilados obtuvo 61 votos a favor y 8 en contra, que pertenecieron a los siete senadores de La Libertad Avanza y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. El radicalismo, el kirchnerismo, el macrismo y los senadores que responden a los gobernadores se alinearon para votar a favor del aumento a los jubilados.
Horas más tarde de la definición en el Senado, Milei redobló sus advertencias sobre un veto a la reforma jubilatoria, ya deslizadas en la previa a la sesión. Y, tras un comunicado oficial en el mismo sentido, confirmó en un discurso pronunciado el sábado que el veto sería total.
Finalmente, el 2 de septiembre el Gobierno publicó el decreto 782/2024 con el veto total a la reforma. Según los considerandos que figuran en el documento firmado por el Presidente y todo su Gabinete, el Gobierno sostuvo que la reforma «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
Además, enfatizó que «el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado».
También mencionó que «implicaría un manifiesto agravamiento del estado de emergencia en el cual ya se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), conforme fuera declarado mediante Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, así como la grave ruptura del equilibrio fiscal alcanzado gracias al esfuerzo de todos los argentinos».
La reforma que vetó Milei implicaba, entre otros puntos, un incremento complementario al de abril pasado de 8,1 puntos porcentuales, dado que el Gobierno otorgó por el mes de enero un 12,5% y la inflación de ese mes fue del 20,6%. Además, contemplaba un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año.
Además, imponía un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas.