Es difícil que antes de las PASO haya una sesión en el Senado para tratar el pliego de Ana María Figueroa, quien en agosto cumplirá 75 años, edad límite para ejercer el cargo. La oposición ratificó que no dará quórum.
Luego del trajín que se vivió el viernes pasado, con reuniones y corridas para definir la fórmula presidencial de Unión por la Patria, los pasillos del Senado quedaron casi desiertos y el oficialismo sigue con una cuenta pendiente en su agenda judicial, ya que no consiguió avalar en el recinto la continuidad de Ana María Figueroa, la jueza que debe decidir si Cristina Kirchner va a juicio en la causa Hotesur – Los Sauces.
Y esa posibilidad está cada vez más lejos, porque el kirchnerismo aún no puede reunir los votos para sesionar y aprobar el pliego que habilitaría a Figueroa a continuar como camarista por cinco años más, pese a que en agosto cumplirá 75 años, edad límite para ejercer el cargo.
A un mes de la audiencia pública en la que se trató un paquete de pliegos judiciales enviados por el presidente Alberto Fernández, todavía no hay fecha para llevar el pedido del Ejecutivo al recinto.
Hubo algunos intentos de José Mayans y de Juliana Di Tullio por convencer a la oposición para que las designaciones sean debatidas, pero desde Juntos por el Cambio se mostraron inflexibles. «No vamos a dar quórum para que sigan buscando la impunidad de Cristina», remarcó a Clarín Guadalupe Tagliaferri (PRO).
En tanto, Juntos por el Cambio -que pasó a ser el interbloque mayoritario con 33 legisladores- ratificó que no darán acuerdo para el pliego de Ana María Figueroa y fuerzan para que se caiga la estrategia del oficialismo.
La oposición y las designaciones de jueces afines al kirchnerismo
Pero no es sólo por el caso de la jueza y presidenta de la Cámara de Casación Penal. Es que si la oposición habilita una sesión para discutir estos nombramientos que ingresaron en abril de este año, paralelamente habilitaría el ingreso de otro paquete de pliegos que también genera polémica en el Senado.
Es que entre los candidatos se promueven las designaciones de jueces que pueden ser afines al kirchnerismo como los casos de Juan Rafael Stinco, de importantes vínculos con Axel Kicillof, y de María Laura Manin, subsecretaria de gestión administrativa del Ministerio del Interior y cercana a Eduardo «Wado» de Pedro.
Estos pliegos ingresaron dentro de un paquete de 17 postulantes que fue enviado el 10 de mayo por el presidente Alberto Fernández y que aún no pudo ser girado a la comisión de Acuerdos porque desde abril que no hubo una sesión en la Cámara.
La última vez que se juntó el Senado fue el 11 de mayo, cuando presentó su informe de gestión el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, pero el reglamento no habilita el ingreso de pliegos en sesiones informativas. Incluso aquella reunión se realizó sin quórum, porque Juntos por el Cambio tuvo mayoría de ausentes.
Pero volviendo al caso de Figueroa, su pliego tiene dictamen de mayoría gracias a las firmas de los diez senadores del Frente de Todos que integran la comisión de Acuerdos, a cargo de la camporista Anabel Fernández Sagasti.
Según pudo averiguar este diario, las designaciones tratadas en las audiencias públicas del 30 y 31 de mayo pasado estuvieron algunos días dando vuelta hasta que fueron avaladas por el oficialismo.
Hubo diferencias en el Frente de Todos sobre el caso de Hernán Diego Papa, quien en su momento fue relacionado con el entonces vicepresidente Amado Boudou y fue propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sin embargo, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) presentó una impugnación a partir de una denuncia que formalizó ante el Consejo de la Magistratura. También fue cuestionado Eduardo Guillermo Roveda, propuesto para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102, de la Capital Federal.
Sin embargo, estos dos postulantes recibieron el apoyo del oficialismo. No lo logró Gerardo Pettigiani, quien fue propuesto para la Cámara del Tribunal Oral de Menores nro. 3 de la Capital Federal, y recibió dos impugnaciones, que fueron realizadas por personal judicial por «actitudes de destrato laboral lindantes con la falta de ética».
