La jueza penal Lilian Bórquez presidió este lunes la apertura de la investigación en los tribunales penales ordinarios de nuestra ciudad, donde el imputado L. O. L. fue acusado de lesiones leves agravadas, abuso sexual con acceso carnal y privación de la libertad agravada, entre otros delitos, contra su ex pareja.
La fiscal a cargo de la investigación, Verona Dagotto, representada por la funcionaria de fiscalía Leila Ritta, relató los 18 hechos que se le atribuyen al imputado, ocurridos entre el 20 de febrero de 2022 y el 1 de enero de 2023, y presentó la evidencia existente hasta el momento, como la denuncia, la ampliación de denuncia y los informes del Cuerpo Interdisciplinario Forense. La fiscal solicitó el plazo de seis meses para completar la investigación.
La defensora pública María de los Ángeles Garro, que asistió al imputado, no cuestionó el relato ni la calificación provisoria de los hechos, pero se opuso a las medidas sustitutivas que pidió la fiscalía para asegurar la comparecencia del imputado y evitar el entorpecimiento de la causa. La defensora argumentó que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento, y que los hechos de desobediencia judicial fueron con el Juzgado de Familia, no con el penal.
La jueza penal resolvió formalizar los hechos traídos por la fiscalía y anoticiar al imputado de los mismos, asegurando su defensa técnica. Además, consideró que sí existía peligro de fuga y de entorpecimiento por la actitud reticente del imputado a someterse al proceso y a las medidas que se le impusieron en el Juzgado de Familia. Por ello, le impuso la obligación de presentarse quincenalmente en la Oficina Judicial y la prohibición de contacto con la víctima, de ningún tipo ni por tercera persona, bajo apercibimiento de detención, por el término de dos meses.