El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, expuso las diferencias entre Provincia y Municipio respecto a la aplicación de la norma que regula el secuestro de caballos sueltos, advirtiendo sobre problemas de financiamiento y competencias.
El conflicto por el control de caballos sueltos en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo, con un posicionamiento del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien cuestionó la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante y expuso diferencias con el ámbito municipal.
El funcionario planteó que la norma avanzó sin participación del Ministerio y que fija obligaciones para la Policía que no están dentro de sus funciones, además de carecer de respaldo presupuestario y operativo. “Es un tema que nació complicado, porque no nos dieron participación y legislaron obligaciones para la policía, que no están ordenadas por la ley”, señaló en diálogo con Actualidad 2.0.
Según explicó, el principal punto de fricción está en qué hacer con los animales secuestrados en la vía pública. Desde la Provincia sostienen que no pueden destinar recursos para su mantenimiento, ya que implicaría desviar fondos asignados a otra finalidad. “Yo tengo partidas para los caballos de la Policía, no para los que me pida secuestrar el municipio”, indicó, advirtiendo que asumir ese costo “sería malversación de caudales públicos”.
La ordenanza prevé el secuestro de equinos sueltos, pero no define con claridad quién debe hacerse cargo de la infraestructura, la atención veterinaria ni la alimentación. Iturrioz señaló que esas responsabilidades corresponden al municipio, que debería contar con corrales y logística propia.
El ministro aseguró que la Policía está dispuesta a colaborar en los operativos, pero no en el sostenimiento posterior de los animales, y remarcó que tampoco es viable alojarlos junto a los caballos de la fuerza, que cuentan con controles sanitarios específicos.
Durante la entrevista, Iturrioz se refirió a la concejal impulsora de la ordenanza, Maite Luque. “Ellos me piden colaboración, pero la concejal Luque quería que lo haga yo. Yo no soy empleado de la concejal Maite Luque”, expresó. “Si colaboro lo hago con la sociedad, no con ella”.
El funcionario insistió en que los recursos para el mantenimiento deben ser aportados por el municipio: “Cuando aprobaron la ordenanza deberían haber dispuesto las partidas presupuestarias, pasa que ahí tienen un problema entre el Concejo y el Ejecutivo en el que no me quiero involucrar”.
En la última sesión del Concejo, concejales como Luque y Lattanzio exigieron que el Ministerio de Seguridad indique qué elementos necesita para poner en vigencia la ordenanza, incluyendo un lugar para alojar a los caballos secuestrados.