El juez federal Julian Ercolini citó a indagatoria a ex funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz en el marco de la causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento del caso en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. Este tramo del expediente que aún se encuentra en instrucción se concentra en las autoridades provinciales y los llamados a indagatoria serán escalonados: después de esta tanda será el turno de los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. También ex ministros de Economía y autoridades de la fiscalía de Estado.
La justicia pedirá explicaciones a quienes cumplieron diversos roles dentro de la estructura de Vialidad Provincial, cómo funcionaba la estructura que se “montó en beneficio de Lázaro Báez”.
En total, según sostiene la resolución del juez Ercolini, deberán presentarse a partir de la primera semana de julio dos integrantes del Grupo Austral -al holding del ex socio comercial de Cristina Kirchner-, Juan Carlos Pistan y Manuel Parras.
El listado de los citados a indagatoria incluye a 16 funcionarios de la AGVP, entre los que se encuentran Carlos Mancilla, Jorge Paciecznik, Orlando Taboada , Claudia Oliva, Alba Cabrera, entre otros.
Cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) difundió los argumentos de la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta, Lázaro Báez, José López y otros seis imputados, sostuvieron que se acreditó en la maniobra investigada la intervención «de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública», en referencia al empresario patagónico.
Al respecto añadieron que la finalidad fue «asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».
Según los jueces, la estructura de los delitos estuvo marcada por todo tipo de «acuerdos espurios entre las personas interesadas», algo que encontraron «propio de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos», tendientes a «asegurar los beneficios económicos» a favor de los Kirchner y Báez.
Toda la maniobra requirió de funcionarios en diversos estamentos. Es decir, quedaron bajo investigación integrantes de la Dirección Provincial de Vialidad con asiento en Santa Cruz y autoridades provinciales.
Junto a lo que denominaron como un «sistema de cartelización y contratos amañados», los jueces le dieron la razón al fiscal Diego Luciani que expuso un circuito de irregularidades administrativas: la publicación de la obra se realizaba con pocos días (favoreciendo que sólo se presente Báez), el Grupo Austral compró pliegos antes de que se hagan públicos, la comisión evaluadora analizaba las ofertas del holding en 24 horas, se pagaban anticipos del 30%, entre otros trámites omitidos que permitieron otorgar obras a una empresas “sin capacidad de construcción”.
Como parte de esa gran estructura, el juez Julián Ercolini (que envió a Cristina Kirchner a juicio en el caso Vialidad), dio curso al pedido de indagatorias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el caso conocido como «Obra Pública III».
Este tramo conexo se ocupa de todas las autoridades provinciales que contribuyeron a que ese «esquema de beneficios no se interrumpiera y careciera de todo tipo de controles».
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que los llamados a indagatoria se van a concretar de manera escalonada. En esta primera citación, deberán presentarse ante el juez Ercolini las ex autoridades de Vialidad Provincial, en relación a integrantes de la línea administrativa, ya que los directores del organismo fueron incluidos en el expediente central cuyo juicio oral ya terminó.
Hay que recordar que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el extenso dictamen te solicitaron la indagatoria también de los ex gobernadores santacruceños -todos ellos kirchneristas-, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. Serán llamado en la segunda tanda de indagatorias que firmará el juez Ercolini. Esa citación incluye además a ex ministros de Economía y fiscales de Estado que en conjunto aprobaron los contratos que recibió Lázaro Báez.
La citación a indagatoria de los integrantes del organismo vial de Santa Cruz, ocurre mientras la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta ya se encuentra en la Sala IV de la Cámara de Casación, para ser revisada. Además del planteo de los acusados, los jueces analizarán el reclamo del fiscal Diego Luciani que insistió en que a Cristina Kirchner se le atribuya el delito de asociación ilícita en carácter de jefa.
La causa Vialidad III
La estructura bajo investigación que se comienza a concentrar en las responsabilidades provinciales, sostiene que dicha asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, «seleccionó a Santa Cruz, como el lugar en donde se ejecutaría la matriz de corrupción». Este mismo concepto fue reiterado por el fiscal Luciani. Para que esto funcione, se puso en marcha una «maquinaria eficaz, con beneficios exclusivos y permanentes», para direccionar y «sustraer fondos del Estado».
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, entendieron que la estructura que funcionó a nivel nacional, requirió de un estado provincial que obró de forma coordinada, «con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años para favorecer al Grupo Báez».
Las responsabilidades apuntan a los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner. Todos ellos, Acevedo, Sancho y Peralta junto a sus ministros de Economía, «contribuyeron al plan criminal» que inició en el “Estado nacional». Serán citados a indagatoria cuando concluya esta primera tanda.
De las más de 50 contrataciones analizadas, el 92% tuvieron a Vialidad Provincial en carácter de comitente. Allí, se acordaba la realización de determinadas obras bajo financiación y supervisión nacional pero «delegando la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras en la entidad provincial». Inyectaron los ex funcionarios unos $ 1.800 millones de forma directa al Grupo Austral en 3 años.
Se indicó que fue necesario que la «matriz de corrupción instaurada a nivel nacional se replicara en el ámbito provincial», en donde los ex gobernadores desde 2003 a 2015 «contribuyeron, por acción u omisión, en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez».
Las autoridades de Vialidad Provincial, como los ex gobernadores «fueron gestores» de una estructura que desde las partidas presupuestarias «destinaba fondos al Grupo Austral». Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, también fueron responsables.