El Ministerio de Justicia de la Nación ha anunciado que utilizará instalaciones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA) para albergar a los fiscales federales que trabajarán bajo el nuevo Sistema Acusatorio.
Esta decisión con la ex ESMA se enmarca en la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entrará en vigencia el próximo 11 de agosto. El Código Procesal Penal Federal introduce un cambio significativo en el funcionamiento de la Justicia penal.
Bajo este nuevo sistema, los fiscales asumirán un rol central en la investigación y acusación de los delitos, mientras que los jueces se enfocarán en garantizar el debido proceso y los derechos de los imputados. Este modelo busca agilizar los procedimientos judiciales, reducir los tiempos de resolución de casos y mejorar la eficiencia del sistema.
En otras provincias donde ya se ha implementado el sistema acusatorio, se ha observado una reducción en los tiempos de resolución de causas y una mayor transparencia en los procesos. La oralidad y la digitalización de los expedientes son pilares fundamentales de esta reforma, lo que permite una mayor rapidez en la toma de decisiones y una mejor interacción entre los actores judiciales.
El Ministerio de Justicia ha decidido que un edificio dentro del predio de la ex ESMA será utilizado como sede para los fiscales federales que trabajen bajo el nuevo sistema. Este espacio, que anteriormente estaba destinado a programas ideológicos, ahora será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir a la lucha contra la inseguridad.
El edificio cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados y está equipado con más de 20 despachos privados, espacio para 350 puestos de trabajo, un auditorio, un comedor, cocina y un área de estacionamiento.
Entorno
La intención es proporcionar a los fiscales un entorno adecuado para desempeñar sus funciones de manera eficiente y con los recursos necesarios. La decisión de utilizar instalaciones de la ex ESMA ha generado diversas reacciones.
Mientras que el Ministerio de Justicia ha defendido la medida como una estrategia para optimizar recursos y mejorar la operatividad del sistema judicial, algunos sectores han expresado su preocupación por el uso de un sitio que ha sido declarado Patrimonio Mundial y que tiene un profundo significado histórico en relación con los derechos humanos.
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