Día clave sobre el futuro de la causa penal que investiga el presunto tráfico de influencias y la corrupción en los negocios atribuidos a Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid estudia este lunes, casi tres meses después de su presentación, el recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno que reclama el archivo de la causa por suponer una suerte de «investigación universal» prohibida por nuestra legislación.
En el auto recurrido ante los magistrados de la Audiencia Provincial –que deliberarán igualmente un recurso similar por parte de la Fiscalía, que insiste en la falta de concreción de las pesquisas de Juan Carlos Peinado– el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid apuntaba que su área de investigación alcanza a «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España”.
Desde hace un par de semanas, los magistrados que deben decidir si avalan o bien censuran el proceder de Juan Carlos Peinado tienen sobre la mesa una copia íntegra de toda la causa. Esta reclamación de la totalidad de las diligencias levantó inicialmente el temor entre las acusaciones populares, que manifestaron que el análisis pormenorizado de la investigación del instructor podría entenderse como un indicio de la intención de la Audiencia de anular toda la causa.
Otras fuentes, sin embargo, restan importancia a la diligencia, puesto que la petición de un testimonio íntegro de unas actuaciones que pretenden ser anuladas por alguna de las partes suele ser algo común por parte de los tribunales de apelación.
La clave del software
Sin embargo, una reciente decisión adoptada por otra de las salas de la Audiencia Provincial puede dar alguna clave sobre lo que puede pasar este lunes en la Audiencia de Madrid. El pasado martes, los compañeros de los magistrados que resuelven ahora un posible archivo de a causa dieron luz verde a Peinado para emprender un nuevo camino en su instrucción: investigar si Begoña Gómez se apropió indebidamente del software pagado por la Universidad Complutense que utilizó en su cátedra.
Lo hicieron rechazando un recurso de la Fiscalía que pretendía evitar que Peinado asuma dicha investigación por la presunta apropiación por parte de Begoña Gómez del citado programa informático a través de la empresa de su propiedad Transforma TSC. Entienden que hay conexidad con el resto de la causa.
Según juristas consultados por este diario, el hecho de que unos magistrados decidieran la semana pasada resolver ya esta cuestión, sin esperar a los compañeros que este lunes tienen sobre la mesa un posible archivo de todo el procedimiento, sería difícil de entender si no hubiera indicios de que el tribunal de apelación va a fallar en contra de la defensa.
Los focos de la investigación
Con independencia de todo ello, el abogado Antonio Camacho defiende que no hay indicios que relacionen a Gómez con varios contratos puestos en cuestión y que fueron adjudicados a Juan Carlos Barrabés, el empresario que fue recomendado en sendas cartas firmadas por la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de las adjudicaciones otorgadas a la empresa Innova Next SLU por parte de la empresa pública Red.es por más de 10 millones de euros, que investiga la Fiscalía Europea al afectar a fondos de la UE.
Peinado suma a estos contratos que ya no son de su competencia otros obtenidos por Barrabés en los últimos años en relación con otras administraciones públicas, además de indagar la posible mediación de la esposa del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa tras la pandemia, por su relación con el que fuera CEO de la Compañía, Javier Hidalgo.
A ello ha sumado después el juez otras pesquisas dirigidas a aclarar la financiación de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense que han terminado con la imputación de propio rector, Joaquín Goyache. La defensa insiste que no hay indicio alguno contra Gómez en ninguno de estos asuntos.
Es otro recurso, presentado en reforma ante el propio juez Peinado, la defensa ejercida por Camacho se opone a la última batería de diligencias ordenadas por Peinado considerar que obedecen a «motivos ajenos a la causa» y a «meras especulaciones interesadas». Combate entre otras una petición realizada a la Universidad Complutense de Madrid para conocer las «cantidades pagadas a Begoña Gómez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva», especificando número de cuentas corrientes beneficiarias, así como conocer el número de alumnos matriculados y asistentes al curso.
La Fiscalía, por su parte, solicita la Audiencia de Madrid que delimite la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una «causa general» y sigue sin aclarar qué es lo que investiga. El Ministerio Público alega que la respuesta del juez sobre el objeto de investigación «son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas».