El juez Jorge Odorisio rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Germán Issa Pfister, secretario de Economía de Comodoro durante las gestiones de Carlos Linares Juan Pablo Luque y uno de los principales imputados en el marco de la causa Emergencia Climática II.
Issa Pfister había intentado ampararse en supuestos fueros vinculados a un cargo en el Tribunal de Cuentas Municipal de Comodoro Rivadavia, alegando que en su carácter de “miembro electivo” no podían realizarse sobre él medidas investigativas como allanamientos o requisas.
Sin embargo, la Justicia determinó, en primer lugar, que el cargo alegado no estaba acreditado: la investigación judicial constató que quien ejerce actualmente la titularidad en el Tribunal de Cuentas es Pablo Martín Francavilla, y no Issa Pfister.
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Germán Issa Pfister junto a Juan Pablo Luque, con quien trabajó como secretario de Economía del municipio.
Además, se estableció también que los fueros no alcanzan a diligencias investigativas. El juez explicó que las inmunidades previstas en la Constitución sólo pueden aplicarse en casos excepcionales de prisión preventiva y no para impedir allanamientos o requisar pruebas, medidas consideradas propias de una investigación penal.
De esta manera, la Justicia confirmó la validez de las diligencias realizadas el pasado 27 de agosto —incluidos allanamientos y requisas personales— en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades millonarias durante la gestión de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia.
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El fallo refuerza la posición del Ministerio Público Fiscal, que había rechazado la pretensión de la defensa, y ratifica que Issa Pfister no cuenta hoy con protección constitucional alguna que lo exima del proceso penal en curso.
Las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II
En el marco de la causa conocida como Emergencia Climática II, el miércoles 27 de agosto se realizaron allanamientos en viviendas de exfuncionarios de Comodoro, entre las que figura el estudio de Issa Pfister.
La investigación se desprende de la causa Emergencia Climática, que ya registra condenas y se encuentra actualmente en manos del Superior Tribunal de Justicia. Esa investigación reveló irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a obras urgentes tras el desastre natural que afectó a gran parte de la ciudad en 2017.
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La sentencia dictada en agosto del año pasado concluyó con el envío de los antecedentes del caso hacia la Procuración General, lo que dio inicio a una nueva investigación penal por hechos surgidos durante el proceso judicial que concluyó con el veredicto condenatorio.
El tribunal que dictó sentencia sobre ex secretarios municipales y directivos de empresas ordenó remitir copias de la misma hacia la Procuración General de la Provincia.
El objetivo fue que dicho estamento ordene la instrucción de “las investigaciones que estime pertinentes” con relación a otros posibles implicados, entre los que se cuentan los contadores Israel Coen y Germán Issa Pfister, además del empresario Julián Astiz.
El criterio que llevó a los jueces a sugerir esta nueva investigación se pueden leer en la página 254 de la sentencia, en la que los magistrados del tribunal indican que el fiscal Cristian Olazábal destacó (durante el juicio) “el vínculo de Astiz con el asesor letrado del municipio -algo que el propio Criado Arrieta reconoció (dijo que el acusado era como su hermano menor)- y apuntó a las enmiendas y correcciones que Astoil presentó, algo que no era tolerado en otros casos, pero que aquí los mecanismos de control permitieron pasar, destacando la función que tuvo Issa Pfister en estos casos”.
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La sentencia conocida en agosto del año pasado aporta más elementos que apuntalan la sospecha sobre posibles pedidos de retornos entre funcionarios y empresarios vinculados a la actividad.
Se transcriben a continuación párrafos textuales de la sentencia, que en la misma página 254, expone: “En estos audios extraídos de la aplicación WhatsApp del teléfono de Astiz, en fecha 18 de junio de 2019, se pudo apreciar que esta persona -en referencia a ‘Israel MCR- le consultaba al acusado si ‘…¿pudiste comunicarte con la gente de Golfo?…’, para luego decirle ‘…yo todavía estoy igual que el viernes, ahora yo voy a llamar a D. Querías saber si vos habías hablado algo con los de Golfo para buscar como… con buenos tratos, si ya están al tanto…’ (SIC); mientras que en el segundo audio refiere ‘…y con el de Vial de Patagonia, te acordás que yo te dije que me dijo como que no podía, o sea, ni siquiera me dijo otro monto… me dijo no, eso ni loco, quiero hablar con vos, pero el tema es que para poder hacerse el tonto se va a hacer el tonto.. vos me avisás, ¿podés hablar? O cómo avanzamos, pero los números estaban bastante justitos…”.
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El relato sigue y alude a la necesidad de reunirse, en tanto Astiz reclama que hablen directamente las partes involucradas (para no actuar como intermediario o “psicólogo”, según expresa), a lo que el supuesto funcionario “Isra MCR” responde : “…dale Juli, nos juntamos, Germán no está… no está tal mal… te soy sincero, lo toco de oído, lo que me dijo Ger eran rejuntes que normalmente las contructoras lo manejás vos, así que vos después pásame el contacto, pero bueno, nos juntamos y vemos cómo lo hacemos, la realidad es que yo ni lo conozco al flaco, así que no puedo hacer mucho más que decirle eso, decirle mirá… es así, es lo que me dijeron de arriba, pero después no tengo mucho más para hacer…”.
Según apuntan los jueces en la sentencia, “el Sr. fiscal general concluyó que estos audios hacían referencia al modo en que se exigían retornos a los empresarios locales, siendo el atribuido un engranaje clave. Además, sostuvo que la persona a la que se hacía referencia que estaba más arriba era el intendente Carlos Linares, y que al referirse a Germán, estaban hablando de Germán Issa Pfister, responsable de la cartera de economía en esa época y que fuera sobreseído en una etapa anterior en este proceso”.
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En el mismo escrito, se plantea una nueva investigación del fiscal, por la comisión de otros posibles delitos, en tanto “una investigación seria y orientada a determinar si las personas nombradas habrían recibido retornos de dinero de manera ilegítima podría llegar a tener los resultados que espera”.