Un hombre de 60 años acusado de amenazar de muerte a su expareja y de tener un arma de fuego sin autorización legal evitará ir a juicio tras acceder a una suspensión de juicio a prueba. La medida fue homologada este miércoles por el juez Ariel Quiroga, en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Alto Río Senguer.
El imputado, Antonio Eduardo Calfín, fue beneficiado con este mecanismo alternativo a partir de un acuerdo impulsado por la Defensa Pública y aceptado por el Ministerio Público Fiscal. La propuesta contempló que, debido a la pena prevista para los delitos y la falta de antecedentes penales, el caso podía resolverse sin necesidad de avanzar a un debate oral.
La suspensión de juicio a prueba tendrá una duración de un año. Durante ese período, Calfín deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas presentarse en tres oportunidades ante el cuerpo de delegados de Sarmiento. Además, se estableció una reparación económica total de $ 20.000: la mitad será destinada a la víctima y el resto al hogar de ancianos “Marí-Marí peñí”.
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A pedido de la Fiscalía, también se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante por el mismo plazo, como medida de resguardo para evitar nuevos episodios de violencia.
“Vos sabes muy bien de lo que soy capaz”
El hecho que originó la causa ocurrió el 19 de diciembre de 2024 por la noche. Según se expuso en la audiencia, Calfín se presentó en la vivienda de su expareja y la amenazó con expresiones intimidantes, en las que hizo referencia a su capacidad de ejercer violencia armada contra ella y su entorno familiar.
“Vos sabes muy bien de lo que soy capaz y los voy a cagar a tiros a quien sea, yo tengo los huevos bien puestos y los voy a hacer cagar a tus hermanos y al agrandadito (haciendo referencia al hijo de la denunciante)”, amenazó el imputado, según la acusación.
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La situación generó temor en la mujer, quien conocía que el acusado tenía acceso a un arma de fuego. Al día siguiente, personal policial realizó un allanamiento en el domicilio del imputado. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola automática calibre .22 largo, que se encontraba sin municiones. De acuerdo con la investigación, Calfín no contaba con la documentación legal requerida para la tenencia del arma.
Con la resolución judicial, el proceso penal quedará en suspenso mientras el imputado cumpla las condiciones impuestas. En caso de incumplimiento, la causa podría reactivarse y avanzar hacia un juicio.