El fiscal Juan Narváez expuso los argumentos finales que, junto con el fiscal jefe Pablo Vignaroli, presentó en el juicio relacionado con la gran estafa de planes sociales.
El letrado afirmó que todos los elementos probatorios señalaron que hubo una asociación ilícita, que 12 de los 14 imputados integraron esa red y que engañaron al Estado, perjudicando su patrimonio.
Narváez detalló que la Fiscalía reconoció cinco escalones de responsabilidad dentro de la estructura, abarcando desde los que planificaron y lideraron el fraude hasta los colaboradores y beneficiarios que funcionaron como piezas clave en la estafa.
“Lo que buscamos es demostrar los roles de cada uno en este andamiaje delictivo y, en consecuencia, solicitar penas de prisión efectiva para quienes ocuparon los lugares más altos en la estructura”, sostuvo.
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Fiscal Juan Narvaez
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De los 14 acusados, dos fueron excluidos de la imputación: uno debido a problemas de salud mental y otro porque no se pudo demostrar de manera concluyente su participación en la asociación ilícita. El resto, afirmó Narváez, desempeñó roles específicos que fueron corroborados durante el juicio.
El equipo de la Fiscalía de Delitos Económicos presentó ante el tribunal un esquema delictivo con una estructura jerárquica y piramidal, en la que el primer nivel estaba encabezado por los líderes. En ese nivel se encontraban Ricardo Soiza, quien dirigía la Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización de ese ministerio; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas; Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración de dicha cartera.
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A lo largo de las audiencias, se escucharon los testimonios de beneficiarios de los planes sociales, quienes, según el fiscal, dejaron en evidencia cómo fueron manipulados.
“Ellos expresaron con sus palabras y sentimientos cómo se sintieron defraudados, no sólo por quienes gestionaron los planes, sino por toda la estafa que realizaron al patrimonio de la provincia”, remarcó.
Documentación clave
La investigación también expuso documentación clave: planillas de Excel, correos electrónicos y listados paralelos de cheques que demostraron cómo se desviaban los fondos. Según Narváez, la maniobra alcanzó los 1.160 millones de pesos y representó más de 9.000 estafas en dos años, entre el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.
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En ese período, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, en la actualidad más de 1.160 millones de pesos). Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
Los cobros se realizaron mediante el uso de tarjetas de débito ajenas, que se otorgaban a beneficiarios de planes sociales del programa específico que en algunos casos prestaban colaboración, pero que en otros ni siquiera sabían del beneficio. En el alegato, Narvaez y Vignaroli recordaron que la maniobra comenzaba con el reclutamiento de los beneficiarios, a quienes luego se les retenía la tarjeta de débito. Estas personas se quedaban con una fracción del subsidio, que en algunos casos rondaba los 49 mil pesos, y el resto se destinaba, afirmó el fiscal jefe Vignaroli, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino. Ambos referentes de la fiscalía explicaron que para cumplir con el reparto, el andamiaje administrativo, los pagos y rendimientos de dinero, intervenía también la asociación. “Mes a mes estaba todo coordinado y cada uno cumplía su rol”, afirmó Narvaez.
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Ahora resta escuchar los alegatos de las defensas, que se desarrollarán a partir de este lunes. Aun así, Narváez se mostró confiado en el trabajo de la Fiscalía: “Entendemos que se pudieron acreditar los hechos tal como ocurrieron”, concluyó