Un ingeniero informático que se desempeñó durante casi una década como funcionario de planta en la Municipalidad de Vitacura, en Santiago de Chile, inició una demanda judicial contra la administración comunal luego de haber sido despedido tras la difusión masiva de un video grabado dentro de una oficina municipal.
El registro audiovisual, filmado durante la noche del 25 de junio del año pasado mientras el trabajador cumplía horas extras, generó un fuerte impacto público y volvió a circular con intensidad en redes sociales tras conocerse la presentación judicial.
La acción legal fue interpuesta a mediados de diciembre ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y contempla un reclamo indemnizatorio de 200 millones de pesos chilenos, una suma cercana a los 230 mil dólares, bajo el argumento de haber sufrido daño moral, psicológico y emocional como consecuencia de su desvinculación.
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Demanda millonaria en Vitacura: exfuncionario reclama $200 millones tras ser despedido por un video viral
Foto: Los Andes
El caso adquirió una nueva dimensión mediática luego de que el video -difundido principalmente a través de TikTok- superara las 28 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos virales más vistos vinculados a un funcionario público en Chile durante el último año.
EL ORIGEN DEL ESCÁNDALO: EL VIDEO QUE DESATÓ LA POLÉMICA EN CHILE
El video que dio origen al conflicto fue grabado por Carolina Gallo, una vecina que circunstancialmente se encontraba en las inmediaciones del edificio municipal. En su momento, la autora del registro relató lo ocurrido en declaraciones al diario Las Últimas Noticias.
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X de Li’l Sebastian
“Todo comenzó cuando una de mis amigas miró hacia arriba y vio en la ventana cómo la chica se bajaba los pantalones y comenzaron el acto. Fue demasiado mecánico y debe haber durado como cinco minutos máximo”, explicó.
Según su testimonio, el hecho ocurrió en una oficina donde, además, habría habido otras personas presentes en el mismo piso del edificio. Tras finalizar la situación, relató que la mujer se retiró del lugar y que, poco tiempo después, llegó un pedido de comida por delivery, lo que reforzó la percepción de normalidad con la que -según los testigos- se habría desarrollado el episodio.
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EL PLANTEO JUDICIAL: ILEGALIDAD, ARBITRARIDAD Y DAÑO MORAL
En el escrito judicial, al que tuvo acceso el diario La Tercera, el exfuncionario sostiene que durante sus nueve años de servicio en la municipalidad mantuvo un desempeño “de excelencia e intachable”, con evaluaciones calificadas con nota máxima.
“Durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas encomendadas”, señala la demanda.
Según el demandante, el sumario administrativo que derivó en su despido estuvo plagado de irregularidades y careció de garantías básicas. En ese sentido, calificó el proceso como “absolutamente ilegal”, denunciando la existencia de “numerosas arbitrariedades” tanto en la instrucción del sumario como en la actuación de las autoridades municipales.
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Video viral, despido y juicio: un exfuncionario de Vitacura acusa irregularidades y exige una indemnización histórica
Foto: captura La Tercera
El escrito apunta directamente contra la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino Catalán, a quien acusa de haber informado públicamente su separación del cargo antes de que finalizara el procedimiento administrativo, lo que -según su defensa- condicionó el desarrollo del proceso disciplinario.
“Afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, mi salud psíquica y dañando efectivamente mi honra”, expresa el exfuncionario en la presentación judicial.
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CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y PEDIDO DE REPARACIÓN SIMBÓLICA
Más allá del reclamo económico, la demanda pone el foco en las consecuencias personales que, según el ingeniero, tuvo el proceso de despido y la exposición pública del caso. En ese marco, aseguró haber sufrido daño psicológico y emocional, producto de lo que describió como “constantes tratos vejatorios”.
De acuerdo con el escrito, la situación impactó de manera directa en su autoestima y estabilidad emocional, generándole miedo, estrés persistente y trastornos de ansiedad generalizados, con efectos que se extendieron más allá del ámbito laboral.
En un pedido poco habitual, el demandante solicitó además que la Municipalidad de Vitacura publique una declaración de reconocimiento en un medio de circulación nacional, admitiendo la afectación de su “integridad psíquica”. Asimismo, requirió que la alcaldesa participe de una capacitación sobre derechos laborales y vulneración de garantías fundamentales de los trabajadores.
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El conflicto judicial plantea interrogantes que exceden el caso puntual y vuelven a instalar el debate sobre los límites entre la vida privada, el comportamiento en espacios públicos y laborales, y el rol de las autoridades frente a hechos que adquieren masividad en redes sociales.
Mientras la Municipalidad de Vitacura sostiene que el despido respondió a una falta grave incompatible con la función pública, la defensa del exfuncionario centra su estrategia en la legalidad del procedimiento, la presunción de inocencia y el impacto de la exposición mediática anticipada.