Este viernes se realizaron varios allanamientos en pleno centro de Neuquén relacionados con una causa penal por estafas. El procedimiento, ordenado por el fiscal Juan Manuel Narvaez, se concretó en la escribanía y estudio jurídico ubicados en La Rioja y Roca, donde trabaja Ignacio García Marro, y también en su domicilio particular. El imputado es el mismo que semanas atrás fue multado con 21 millones de pesos por arrojar líquidos cloacales desde un edificio del bajo.
Maniobras con pagarés y presunta estafa
La causa penal que motivó los allanamientos investiga presuntas estafas con pagarés adulterados. Según la fiscalía, García Marro habría completado pagarés firmados en blanco por una pareja que alquiló un departamento de su propiedad en Avenida Olascoaga. El contrato, firmado en septiembre de 2020, incluyó como garantía seis pagarés sin completar y la entrega del formulario 08 de un vehículo.
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La pareja rescindió el contrato a las pocas semanas por serias deficiencias del inmueble: falta de gas, problemas eléctricos y un termotanque roto. Al intentar cerrar formalmente el vínculo y recuperar su documentación, fueron rechazados por la escribanía y no obtuvieron respuesta del imputado. Según la acusación, García Marro completó los pagarés y los presentó ante la Justicia, figurando como beneficiaria una empresa de su propiedad, para reclamar un monto que hoy supera los 2 millones de pesos.
Por estos hechos, el fiscal Narvaez, junto a la asistente letrada Tanya Cid, le atribuyó tres hechos de estafa en concurso real, todos en carácter de autor, y la jueza Natalia Pelosso dio por formulados los cargos.
Sospechas de nuevas víctimas
Los allanamientos de este viernes se enmarcan en nuevas líneas de investigación, ante la sospecha de que la misma maniobra pudo repetirse con otros inquilinos o particulares. Se busca documentación y evidencia que permita determinar la existencia de un modus operandi basado en el uso de pagarés firmados en blanco, luego utilizados para iniciar juicios ejecutivos.
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Multa récord por contaminación en el bajo
El mismo García Marro había sido noticia días atrás cuando la Municipalidad de Neuquén le aplicó una multa de 21 millones de pesos, la más alta del Código Contravencional, por el vertido de líquidos cloacales desde un edificio ubicado en Luis Beltrán y San Luis, en el bajo neuquino. Además de la sanción económica, se lo obligó a remediar el daño ambiental con obras a su cargo.
En declaraciones anteriores, el imputado negó el carácter contaminante de los fluidos y responsabilizó al EPAS por no brindar el servicio, a pesar de abonar mensualmente “una factura de 1,5 millones de pesos”.