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La abogada patagónica que logró el embargo millonario a Lorena Villaverde, denunció presiones para levantarlo

La campaña de la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, sigue atravesada por nuevas controversias. Mientras busca recuperar terreno tras las denuncias provenientes tanto de sectores libertarios disidentes como de la oposición —situación a la que intentó responder publicando un video en el que muestra una rinoscopia—, una abogada querellante volvió a colocarla en el centro del conflicto judicial.

Se trata de Verónica Arizcuren, representante legal de los inversores que denunciaron la venta irregular de lotes en el desarrollo inmobiliario Villa Verde, emplazado en un extenso terreno familiar de Villaverde en Las Grutas

La letrada, quien consiguió que la Justicia ordenara un embargo preventivo por 50 millones de pesos, afirmó haber recibido presiones directas para que se levante la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Civil de San Antonio Oeste.

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Según relató Arizcuren, las presiones comenzaron con una llamada telefónica de Santiago Mansilla, quien se presentó como abogado de Villaverde. Durante la conversación —que la abogada describió como intimidante y carente de ética profesional—, el interlocutor le habría exigido que desistiera del embargo y la acusó de intentar afectar la candidatura de la diputada.

“No podía creer lo que estaba escuchando. Me acusaron de algo que no tiene nada que ver con mi trabajo profesional ni con la defensa legítima de mis clientes“, afirmó la profesional, quien aclaró que su actuación es estrictamente profesional y ajena a cualquier interés político o partidario, según consignó el sitio viedmense Noticias de la Costa.

Arizcuren remarcó que no participa de la política ni persigue fines electorales, y que su único compromiso es con las personas que confiaron en ella y con la verdad de los hechos. “Mi labor consiste en defender a quienes se sintieron perjudicados y garantizar que sus derechos sean respetados, nada más”, sostuvo.

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Según la abogada, su colega, que aseguró representar a Villaverde, le requirió levantar el embargo vigente bajo la intimidación de iniciar una acción civil contra ella y sus clientes, alegando daños a la candidatura política de Villaverde. Aunque es importante aclarar que en el expediente SA-00223-C-2024 “Larreguy, Martin Nicolas; Cabral, Hugo Maximiliano; y Gonzalez, Hugo Ivan C/ Villaverde, María Lorena S/ Daños y perjuicios (Sumarisimo-Denuncia Ley 24.240)”, el abogado de la empresaria es Augusto Gerardo Colaldo.

Arizcuren adelantó que presentará formalmente las amenazas ante la Justicia y aseguró que continuará con la causa.

Final de campaña turbulento

El panorama político se complica para Lorena Villaverde, diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza. La renuncia de José Luis Espert en Buenos Aires, vinculada al narcotraficante Fred Machado, sacudió al sector libertario. A Villaverde la señalan como pareja de Claudio “Lechuga” Cicarelli, primo de Machado, y otros espacios que apoyan a Javier Milei, como PRO de Juan Martín y Primero Río Negro de Ariel Rivero, pidieron su exclusión de la campaña ante las múltiples causas judiciales que la rodean.

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En un intento por desmentir rumores, Villaverde compartió en redes que se sometió a una rinoscopia para demostrar que no consume cocaína. El estudio, realizado la semana pasada en el Policlínico Modelo de Cipolletti, había sido mencionado en medios locales, pero fue recién ayer cuando lo hizo público mediante un reel en Instagram.

Sin embargo, hasta ahora no se ha referido a las acusaciones del candidato peronista Martín Soria, quien asegura que fue hallada en Miami con 400 gramos de cocaína, un episodio que continúa generando críticas.

Lo único confirmado por la Justicia es el caso civil del loteo Villa Verde, donde los inversores reclaman que Villaverde vendió terrenos de manera irregular. El municipio de San Antonio prohibió la comercialización de los lotes, y según Verónica Arizcuren, apoderada de los inversores, las presiones que recibió buscan frenar el proceso judicial y permitir que la candidata continúe su campaña sin obstáculos legales inmediatos.

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