Dos días después de las elecciones generales, la Moncloa ha cerrado por completo la puerta a las condiciones de Junts per Catalunya para abstenerse en la probable intento de investidura por parte de Pedro Sánchez. Con el PP y Vox lejos de la mayoría absoluta, la reelección del presidente del Gobierno en funciones depende del partido de Carles Puigdemont, que se ha mostrado dispuesto a negociar a cambio de la amnistía sobre el proceso independentista de 2017 y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Pero los socialistas rechazan por completo ambas iniciativas.
“En Cataluña solo cabe el marco constitucional. Y a tenor del resultado eso ha gustado también en Catalunya”, ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.
El PSOE considera que gran parte de su fortaleza negociadora tiene que ver con el resultado que depararon las urnas catalanas. El PSC obtuvo el pasado domingo 19 escaños y 1.200.006 votos, más que los que suman a la vez ERC y Junts. La segunda fuerza en papeletas fue Sumar y la tercera el PP, aunque la formación de Yolanda Díaz obtuvo en la autonomía siete diputados, los mismos que republicanos y posconvergentes, y los conservadores uno menos. Es este vuelco en el escenario catalán (“estas han sido las elecciones españolas más españolas de la historia”, admitió el domingo por la noche el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián) el que hace pensar a los socialistas que el partido de Puigdemont no votará en contra de Sánchez junto al PP y Vox, provocando una repetición electoral.
Pero de momento, calma. El PSOE, que con 122 escaños necesita también el apoyo a Sánchez por parte de Sumar, PNV, ERC y Bildu, no ha empezado las negociaciones con los grupos. Tampoco lo hará a corto plazo. Los socialistas quieren esperar: contemplar cómo el PP “se cuece en su salsa”, con Alberto Núñez Feijóo intentando una investidura que no tiene ninguna posibilidad porque los nacionalistas vascos ya la han cortocircuitado, e iniciar los contactos bien entrado agosto, coincidiendo con la constitución de las Cortes, que tendrá lugar el 17 del mes que viene.
Sin anticipar movimientos, las sensaciones son buenas entre los colaboradores de Sánchez. Primero, por haber logrado parar la suma de la derecha y la ultraderecha. Y después, porque creen que finalmente la complicada investidura de Sánchez acabará prosperando y Junts entrará en razón, aunque el PSOE evita aclarar qué está dispuesto a ofrecer a cambio de su abstención, limitándose a mostrar sus líneas rojas: el referéndum, la amnistía y el Ayuntamiento de Barcelona que gobierna el socialista Jaume Collboni. “La democracia tiene sus plazos. España ha marcado un rumbo, en contra de los retrocesos. Confiamos en la responsabilidad de los grupos políticos. Sabremos administrar ese mensaje”, ha señalado Rodríguez.
La también ministra de Política Territorial cree que la experiencia en esta última y convulsa legislatura, en la que pese a la pandemia, la guerra y la difícil aritmética parlamentaria el Gobierno ha logrado aprobar 200 leyes, sirve de aval ante lo que está por venir. “Si algo ha demostrado este Gobierno es que ha sido capaz de dar estabilidad a España -ha concluido-. Hemos aprobado Presupuestos cada año y ha habido elecciones cada cuatro”.