La empresa está en una zona periférica, a la que se llega por la ruta Provincial 53 y se dedica a la cría de porcinos y elaboración de chacinados. Es conocida vulgarmente como “la chanchería del horror” ya que hace pocos meses se detectó que una veintena de hombres y mujeres fueron sometidos a condiciones laborales paupérrimas.
El informe oficial emitido por el Departamento de Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial da cuenta que el allanamiento se realizó en las últimas horas del jueves con conocimiento del Juzgado Federal con sede en la capital santacruceña, a cargo de Claudio Vázquez.
Fue a partir de una investigación que llevó adelante el fiscal subrogante Julio Zárate junto con personal policial.
Las directivas que tenía el personal actuante consistían en encontrar a un hombre que respondía a las iniciales J.F.A, el cual “se encontraba bajo explotación laboral por parte de sus patrones” ya que “había sido privado de sus derechos y sometido a una situación de vulnerabilidad durante varios años”.
Asimismo, el juez interviniente dispuso la detención de una mujer y un hombre. Se trata del matrimonio propietario del establecimiento. También fueron incautados sus teléfonos celulares.
Adicionalmente el comunicado de prensa destaca: “este procedimiento guarda relación con un operativo similar que se desarrolló en el noviembre del pasado año en el predio de la empresa CriaSur S.A, donde se encontró a al menos 20 personas en condiciones de explotación laboral”.
“Todo lo actuado –se agrega- se dio a raíz de la denuncia de una trabajadora, motivando la investigación por la Fiscalía Federal y la posterior intervención del Juzgado Federal”.
Finalmente se hizo saber que la víctima finalmente pudo reencontrarse con sus familiares, a quienes hacía años que no veía debido al desarraigo impuesto por sus tratantes”.
A todo esto, fuentes consultadas revelaron a El Patagónico que el trabajador de referencia es de nacionalidad chilena y que padece un retraso madurativo.
Habría sido una de las veinte personas que fueron rescatadas en noviembre, pero los dueños de “la chanchería del horror” lo convencieron para que retornara.
Fue una familiar que reside en una ciudad trasandina la que, al enterarse de ello, se contactó con el Consulado de Chile en Río Gallegos para dar cuenta que el mismo estaba nuevamente siendo explotado y a partir de allí se inició una nueva investigación que derivó en el allanamiento de jueves.