En la sesión que terminó este jueves, el Consejo de la Magistratura cubrió con éxito todos los cargos vacantes para el nuevo fuero, y por abrumadora mayoría resolvió remitir al Tribunal de Enjuiciamiento las actuaciones del defensor Lisandro Benitez para que sea sometido a un jury de destitución.
El Consejo de la Magistratura de Chubut sesionó durante cuatro días en Esquel y culminó con éxito la realización de concursos para cubrir todas las vacantes del nuevo fuero Contencioso Administrativo, al tiempo que resolvió avanzar en el pedido de suspensión del defensor Lisando Benítez y la elevación a jury para su destitución.
En cuanto a los concursos realizados, todos los cargos fueron cubiertos y fueron seleccionados los siguientes ganadores: Diego Saco, Marcelo Jones y María Marra fueron elegidos como nuevos Jueces de Cámara en lo Contencioso Administrativo para Chubut.
En tanto Eduardo Magri fue elegido juez Contencioso Administrativo para Puerto Madryn, Cecilia Vallejos como jueza Contencioso Administrativo para Esquel y Lago Puelo, Iván Alexandre Visser como juez Contencioso Administrativo para Comodoro Rivadavia y Sarmiento, y Leonardo Behm como juez Contencioso Administrativo para Trelew y Rawson.
EL SUMARIO A BENITEZ
Por otra parte, por abrumadora mayoría, el pleno del Consejo de la Magistratura votó favorablemente el dictamen del instructor sumariante Juan Pablo Gallegos, y se resolvió elevar a jury de destitución el caso del defensor público Lisandro Benítez, y pedir al Tribunal de Enjuiciamiento que sea suspendido en el cargo mientras dure el proceso.
El sumario a Benítez fue iniciado por una denuncia de su propio jefe, el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca, ante un hecho público que lo tuvo como protagonista el 21 de octubre de 2023, en horas de la madrugada, cuando el defensor público conducía su vehículo y colisionó con una camioneta en el centro de Trelew.
Según testigos y de acuerdo a consta en la denuncia del Ministerio Público Fiscal, se acusa a Benítez de haber intentado darse a la fuga, haberse negado a realizar el test de alcoholemia, y de haber insultado al personal policial.
Durante la investigación de Gallegos, se recibieron dos presentaciones de Benítez -los días 18 y 26 de febrero de 2025- ofreciendo prueba documental y fílmica principalmente, en la sesión de Esquel, se conocieron los argumentos y el dictamen final.
Los hechos que se analizaron como posibles causales de remoción, en los términos del artículo 209 de la Constitución Provincial fueron: a) Un aparente estado de ebriedad, b) La colisión con su vehículos en las condiciones descriptas en el apartado a), c) Un intento de fuga por parte del Dr. Benítez, d) La falta de colaboración con los propietarios del otro vehículo siniestrado, e) La negativa a colaborar con el personal policial que concurriere al hecho (le requirieron soplar la pipeta del alcoholímetro, a lo que se negó rotundamente), f) La actitud altiva y violenta para con el personal policial, g) La negativa a identificarse ante el mismo, la realización de maniobras peligrosas con su vehículo a fin de evadir el accionar policial, y h) Dar a entender que se encontraría en una posición que lo eximiría de cumplir con los requerimientos policiales.
De acuerdo a las conclusiones, “existe una exigencia ética o de conducta mayor respecto de los miembros de la administración pública en general” y “a los miembros del Poder Judicial, en cambio, no sólo se les exige un perfil ético similar, sino que la exigencia es superlativa en relación al resto, es decir mucho mayor, y es mayor cuanto más alto se encuentran en la escala de función judicial siendo su máxima expresión, aquellos que ejercen la magistratura judicial, es decir jueces y miembros del Ministerio Público”.