El diputado nacional José Luis Garrido, alineado políticamente con el gobernador Claudio Vidal, presentó en el Congreso un proyecto de ley para intervenir de manera federal el Poder Judicial de Santa Cruz, en un contexto de máxima tensión interna en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La propuesta, según detalló La Opinión Austral, busca “garantizar la forma republicana de gobierno y la independencia de los jueces” frente a una crisis institucional que, según el legislador, compromete la legalidad en la provincia.
La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, tenga la facultad de designar un interventor federal con autoridad para revisar, ratificar o suspender a magistrados y funcionarios judiciales durante un plazo inicial de 180 días, prorrogable por igual término.
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José Luis Garrido, el diputado que presentó el proyecto.
La Opinión Austral
Durante ese período, todos los integrantes del Poder Judicial quedarían “en comisión”, y el interventor podrá dictar reglamentos, revisar nombramientos y disponer remociones si lo considera necesario para garantizar la independencia judicial.
El texto aclara que el interventor no ejercerá funciones jurisdiccionales, pero sí tendrá amplias atribuciones administrativas para reorganizar el sistema judicial, asegurar transparencia y “restaurar la legalidad institucional”. Además, se instruye al Ministerio de Justicia de la Nación para supervisar el proceso, y al Ministerio de Seguridad para disponer de fuerzas federales en caso de ser necesario.
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Un conflicto que escaló hasta el Congreso
La propuesta se presenta en medio de un enfrentamiento interno sin precedentes dentro del TSJ. La crisis comenzó tras la decisión del gobernador Vidal de ampliar el tribunal de cinco a nueve miembros, en el marco de una reforma judicial más amplia.
Esa medida derivó en un cambio de autoridades: Daniel Mariani fue desplazado de la presidencia y reemplazado por Reneé Fernández, en una resolución firmada por cuatro vocales —Fernando Basanta, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernández— que fue cuestionada por su legalidad.
Mariani denunció un “golpe de Estado palaciego” y advirtió que podría impulsar juicios políticos por mal desempeño. En una nota interna, sostuvo que la ley que amplió el número de vocales está vigente y que, por lo tanto, su remoción no era válida. La tensión aumentó cuando tomó juramento a los nuevos vocales designados por la Legislatura y el gobernador, Gabriel Contreras y Lucio De La Vega, reafirmando su posición como presidente legítimo.
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Los cuatro vocales interpretaron esa acción como una “amenaza velada”, y el conflicto escaló a nivel institucional, con dos autoridades que se atribuyen el control del máximo órgano judicial de la provincia.
Contenido del proyecto
El proyecto, titulado “Intervención Federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz”, consta de 11 artículos. Según informó La Opinión Austral, estos son los puntos centrales:
- Declara la intervención federal del Poder Judicial santacruceño.
- Coloca en comisión a todos los magistrados y funcionarios.
- Faculta al Ejecutivo Nacional a designar un interventor con amplios poderes administrativos, aunque sin funciones jurisdiccionales.
- Establece un plazo de 180 días, prorrogable, para normalizar la situación institucional.
- Ordena a los ministerios nacionales de Justicia y Seguridad garantizar el cumplimiento de la medida y resguardar su aplicación.
- La presentación de Garrido lleva el conflicto santacruceño a escala nacional y abre un nuevo capítulo político y judicial en la provincia gobernada por Claudio Vidal.