La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto aprobar este viernes en una sesión extraordinaria el proyecto para reparcelar los terrenos de La Rinconada en los que se construirá la base logística militar del Ejército de Tierra. Será la primera tarea que harán los nuevos consejeros después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprobara el miércoles la composición del consejo rector del organismo municipal. Ese mismo consejo, el primero de este mandato, dará el visto bueno a la fecha en la que está prevista la celebración de las sesiones, que serán los segundos y cuartos martes de cada mes. Con este documento, el ámbito que se va a urbanizar en La Rinconada se dividirá en 91 parcelas.
La aprobación del proyecto de reparcelación es el segundo hito urbanístico en el proceso iniciado en el año 2021 una vez que Córdoba fue elegida por el Ministerio de Defensa para acoger el macroproyecto que será una realidad a partir del 2027. El primero fue la aprobación de la modificación del plan parcial, que salió adelante de forma definitiva en mayo cuando el Pleno le dio el visto bueno y que ponía las reglas del juego para las 191 hectáreas en las que se va a actuar, de las que 85 ocupará la base logística y el resto, el parque industrial que se desarrollará junto a ella.
Superficies previstas
Los terrenos de La Rinconada que van a sufrir una transformación con la construcción de la base logística suman 1.916.342 metros cuadrados, de los que 849.623 (un 44%) serán para la base y 581.420, para la zona industrial (un 30%). Además, hay 177.613 metros cuadrados que serán viario (un 9,2%); 82.392 para suelo dotacional (4,2%), en el que se levantarán tres equipamientos, un punto limpio, una subestación, una caseta y aljibe y un centro de transformación; y 225.292 para zonas verdes y espacios libres (un 11,7%). Con el proyecto de reparcelación las manzanas existentes quedan divididas en 91 parcelas, de las que 74 serán mayores de 2.000 metros cuadrados, y 17 tendrán entre 1.000 y 2.000. El documento recoge también los gastos que tendrán cada uno de los propietarios en la urbanización, cuyo coste ascenderá a 56,5 millones.
En este sentido, a AVRA, empresa que pertenece a la Junta de Andalucía, le corresponden 30,4 millones; al Ayuntamiento, 5,6 millones; mientras que la cantidad restante la tendrán que abonar los tres propietarios privados (los López Crespo, Martínez Sagrera y Cargill).