Luego de que la Justicia obligara a lácteos Vidal a reincorporar a 29 trabajadores despedidos por bloquear la planta situada en Carlos Casares, ahora el juez Ignacio Ramonet obliga a que la pyme láctea defina una entidad bancaria para que efectivice las astreintes, que van en torno a los $10.000 por día por cada uno de los despedidos desde el 18 de mayo.
«Que dejen de negarme justicia, que dejen de violar mi derecho de propiedad privada, mi derecho de administración y organización, que dejen de acosar a Lácteos Vidal», disparó con mucha bronca la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez. Y se preguntó: «¿Qué quieren, fundirla?»
A lo que respondió muy enojada. «Que los mantenga el sindicato ya que los mando a bloquear».
«Vamos a apelar a la cordura del juez Ramonet para que no deje firme la aplicación de astreintes, que no debe hacer efectiva por la imposibilidad de cumplir con la reinstalación», dijo a Clarín Rural la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez. Según contó al dueña de la pyme, tras los despidos, incorporaron a 23 nuevos trabajadores y están trabajando a plena producción, tanto para el mercado interno como la exportación.
Primer revés judicial
El 13 de mayo pasado se conoció que la Cámara de Apelaciones de Trabajo N°9 obligó a la láctea a reincorporar a 29 empleados despedidos que bloquearon la planta en 2022.
«En virtud lo resuelto por la Sala IX de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, intímese a la demandada, a fin de que proceda a la inmediata reinstalación de los trabajadores afectado», afirmaba el fallo.
Una de los responsables de Lácteos Vidal en la empresa.
Asimismo, el texto aseguraba que se le deberá pagar $10.000 diarios por cada día de mora por cada uno de los trabajadores por los que incumpla, «que se devengará a partir de un eventual incumplimiento y hasta la efectiva reincorporación».
«Seguiremos luchando hasta el final. Preferimos morir de pie a vivir de rodillas», dijo Bada Vázquez. «Los despedimos por pérdida de confianza. Cometieron varios ilícitos que están todos la causa de fondo que está siendo investigada y no hay ninguna resolución todavía», sostenía.
La dueña de Lácteos Vidal remarcó que hay en proceso dos denuncias penales contra los despedidos: IPP 17-00-004240-22/00 e IPP 17-00-003792-22/00 en trámite ante la Unidad Funcional De Instrucción y Juicio Nro. 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Buenos Aires.
«Lácteos Vidal manipula alimentos -leche y derivados de la misma- siendo inviable e inadmisible, permitir el ingreso de trabajadores que han accionado en contra de la empresa y sus propios compañeros de trabajo, toda vez que es imposible garantizar que los productos que se elaboran lo sean por trabajadores en los que se ha perdido toda confianza, ya que, ante cualquier manipulación, se podría afectar directamente a los consumidores», asegura el telegrama de despido», remarcó la dueña de la pyme.
El conflicto entre Lácteos Vidal y Atilra empezó a mediados de julio del año pasado on el reclamo del gremio por la recategorización de catorce empleados de la fábrica ubicada en la localidad de Moctezuma, en el oeste bonaerense. El 20 de julio se dictó la conciliación obligatoria y las tareas en la fábrica se reanudaron. Pero luego, el 11 de agosto, Atilra volvió a acampar frente al establecimiento. La situación entre ambas partes empeoró hasta llegar a los despidos de 29 trabajadores.
Medida
«Voy a terminar con la industria del juicio laboral», dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y candidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta, tras conocerse la noticia del revés judicial a Lácteos Vidal.
«Desde el 10 de diciembre voy a trabajar para modificar esta Ley de Multas absurda que solo frena a los que producen y dan trabajo. Tenemos que construir un sistema laboral mas justo, previsible y equilibrado para todos. Basta de mafias y de aprietes sindicales. Esa Argentina ya no va más», agregó.
Por otro lado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) expresó su solidaridad con la empresa y lanzó duras declaraciones contra el accionar de la justicia, describiendo la situación que viven muchas firmas del sector en relación a los gremios.
«Nuevamente, vemos cómo las pymes son rehenes de medidas de acción directa por parte de gremios poderosos, utilizando y desnaturalizando de manera espúrea e inapropiada el derecho constitucional de huelga, para obtener resultados a los que se les dificulta acceder con reclamos o debates por las vías del derecho y en el ámbito competente que la propia ley de fondo marca», afirmaron en un comunicado.
Y agregaron: «Con este método impropio se pretende doblegar la voluntad de la empleadora, impidiendo de manera flagrante el derecho al libre comercio y afectando al ejercicio de la libre empresa. Este abusivo y reiterado actuar hace vislumbrar claramente como nuestras pymes resultan indefensas y obligadas a acatar lo que se les impone, en una absoluta violación de derechos y garantías amparadas por la Constitución Nacional Argentina».
Para Apymel, la posición adoptada por Atilra «jaquean la continuidad de las empresas pequeñas y medianas, y el sostenimiento de las fuentes de trabajo que en ellas se generan».